1/19/2018

Durango y Coahuila deben investigar feminicidio y trata


 Expertas entregan informe, estados tienen seis meses para cumplir 
   

En Durango los asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidio, por lo que el grupo de expertas que atendió la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) urgió al gobierno estatal crear un protocolo de investigación especializado en este delito.

Cimacnoticias consultó el informe del Grupo de Trabajo de la AVG que fue entregado este mes a Durango. En éste, las expertas que analizaron la situación de violencia que viven las mujeres en 10 municipios de la entidad, determinaron que los asesinatos de mujeres no son calificados como feminicidio debido a la falta de capacitación y protocolos de investigación.

De esto dio cuenta la agrupación que requirió la AVG el 4 de julio de 2017, la “Fundación para la promoción, el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres AC”, quien documentó el año pasado 14 asesinatos de mujeres pero solo uno de estos fue tipificado como feminicidio.
Por su parte, la Fiscalía de Justicia de Durango aseguró a las expertas que en 2017 calificó cuatro asesinatos de mujeres como feminicidio y otros dos como homicidios culposos.
También indicó que en cuatro años, de 2014 a 2017,  ocurrieron siete casos de feminicidio y 19 homicidios de mujeres, perpetrados en la capital del estado, y en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.
Las expertas examinaron que varios de los casos reportados por las autoridades cumplen con el tipo penal del feminicidio, por las condiciones en las que se hallan los cuerpos de las víctimas y las causas de muerte, pero no eran clasificados como tal.
Por ello entre las 13 recomendaciones dirigidas al gobierno de Durango, urgen a crear un protocolo de investigación del feminicidio.

TRATA DE NIÑAS EN DURANGO
Otro de los protocolos de investigación pedidos por las expertas es uno enfocado a la atención de los delitos de trata de mujeres.
En una visita que realizó el Grupo de Trabajo al municipio de Tlahualilo, ubicado al noroeste de Durango, se les informó de casos de trata de niñas menores de 14 años de edad con fines de explotación sexual.
Las expertas relatan en su informe que las autoridades locales les dijeron conocer de la problemática por lo que mantenían vigilados bares y cantinas del municipio. Sin embargo, al pedir información encontraron que no hay ninguna denuncia formal por este delito.
Estos hechos concuerdan con el “Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas en México” realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recuerdan las expertas, en donde se indica que Tlahualilo es un foco rojo de trata de mujeres.
Otras de las recomendaciones para este estado es que asegure acceso a las justicia para las mujeres y niñas que habitan en entornos rurales, capacite a funcionarios públicos en Derechos Humanos (DH) y perspectiva de género, y genere campañas de prevención de la violencia y sensibilización para la población duranguense.

TORREÓN URGE ATENDER FEMINICIDIO
El gobierno del estado colindante, Coahuila, también recibió al iniciar el año recomendaciones de expertas por la petición de Alerta de Género, en específico por el alto índice de asesinatos de mujeres en el municipio de Torreón.
Las agrupaciones, “Mujeres Generando Cambios AC” y el “Centro las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro”, pidieron la AVG el 31 de julio de 2017 para Torreón, ante el aumento de asesinatos de mujeres desde 2010.
Según precisaron a las expertas, en 2012 este municipio tuvo una tasa de 27.52 defunciones femeninas con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, arriba de la tasa nacional ubicada en 4.6 y la estatal de 9.2.
Pero no todos los asesinatos son reconocidos como feminicidio, destacó el Grupo de Trabajo en el reporte; de acuerdo con Fiscalía del estado únicamente en Torreón de 2013 a 2017 contaron 19 asesinatos de mujeres, pero sólo dos fueron calificados como feminicidio.
Esto sucede –precisan las expertas- a pesar de que Coahuila cuenta con un protocolo especializado para investigar el feminicidio, por lo que exigen entre las 10 recomendaciones hechas al gobierno local, que capaciten a los funcionarios y creen mesas de trabajo para la revisión de los casos.
En este informe, las recomendaciones que dan las expertas son principalmente de asignaciones de presupuesto para programas enfocados en la violencia contra las mujeres y formación de servidores públicos con enfoque en DH y género.

Con ello, a partir de enero de 2018 corre el periodo de seis meses en los que los gobiernos de Durango y Coahuila deben atender las recomendaciones desprendidas de estos informes.
Al concluir este tiempo, las mismas expertas evaluarán si cumplieron, de lo contrario, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar la AVG, con lo que estas dos entidades se sumarían  a los 12 estados que ya cuentan con AVG en el país: Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz (con dos Alertas, agravio comparado y feminicidio), Colima, Guerrero y Nayarit.
Mientras, los únicos estados que no han pedido declararse en Alerta de Género son Baja California Sur, Tamaulipas y Chihuahua.

CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

México: El sol sale para las rusas

Restaurante Soviet&CO en la Colonía Condesa
Tres rusas (sus fundadoras) y una mexicana lo atienden
 Lizbeth Álvarez Martínez


Cd. de México, 18 ene. 18. AmecoPress/SemMéxico.- Soviet & Co fue inaugurado en junio del año pasado. En el restaurante de comida rusa solo trabajan mujeres: tres de origen ruso —sus fundadoras— y una mexicana. “La primera que llegó a México fue mi hermana Maya. Ella empezó a cocinar. Vimos que a varias personas les gustaba la comida; entonces, decidimos dedicarnos a esto”, relata Margarita Sultanova, una de las tres socias.

En Europa existe demasiada competencia para emprender un negocio y en Estados Unidos “es complicado que entre una rusa”. México, en cambio, es un país abierto para todos los extranjeros que deseen llegar, relata Sultanova, quien siempre le interesó salir de Rusia y vivir en otro lugar.
“Me agrada todo de este país: hay sol, las personas son amables, su comida es riquísima. Me gustan los tacos, quesadillas, enchiladas, chilaquiles… todo”, dijo. La oferta gastronómica es variada, pero sobresalen los platillos de origen ruso como la sopa Uzbeka con carne molida llamada Mastavá y los platos fuertes: el Gulyash Rastovsky, la Kotleta, el Plov, los Pelmeni, los Vareniki con papa y champiñones y los Manty (ravioles rellenos). La carta de postres contiene las syrniki (tortitas de requesón con mermelada), pastel de miel y crepas rusas con miel, crema de avellanas y mermelada.
Margarita asegura que su clientela sale satisfecha después de visitar el lugar, ya que cuidan mucho el sabor de la comida y la atención hacia las personas. “No se espera lo que van a comer y al final se va contenta”, relata.
El sitio es íntimo y agradable; consta de cinco mesas de madera con manteles blancos bordados y recipientes de cristal como servilleteros. En las paredes hay fotografías de niños, una guitarra, portadas de discos de vinilo con artistas soviéticos y cuadros, como el de un oso viendo una bailarina de ballet.
La joven rusa comenta que les llevó meses encontrar el lugar ideal para establecer su negocio; deseaban un espacio que no fuera ni muy grande ni pequeño. “Ahora ya estamos cambiando el concepto poco a poco. Las personas prefieren cenar aquí. [Por eso] estamos pensado los jueves, viernes y sábado cerrar más tarde, para que más personas puedan degustar nuestros platillos”.
El lugar se ubica en Insurgentes Sur 313, esquina Celaya, colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc.
Foto: SemMéxico.

Cientos de chiapanecas salen a las calles a marchar contra feminicidio


Exigen justicia y acciones del gobierno para terminar violencia


Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo 

“Justicia, Justicia, Justicia” gritaron frente a Palacio de Gobierno del estado, unas mil voces que se unieron ayer en la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno acciones efectivas para disminuir la violencia en contra de las mujeres.
La tarde de ayer, cientos de personas marcharon del parque de la Juventud a Palacio de Gobierno para condenar el feminicidio de la joven Gloria Castellanos Balcázar, quien fue encontrada asesinada el pasado martes 16 de enero.

Familiares de Gloria Castellanos encabezaron la marcha así como las familias de otras jóvenes que han sido víctimas de feminicidio en el estado.
La manifestación ha sido la más numerosa en comparación de las otras  marchas que se han realizado en la misma capital  para condenar la violencia en contra de las mujeres.
La mayoría de las y los manifestantes vistieron de negro, en señal de luto, realizaron una ofrenda en la entrada principal de Palacio de Gobierno, en donde colocaron veladoras y flores.
En Chiapas desde noviembre del 2016 se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) para siete municipios y se pidieron acciones urgentes para los municipios que conforman la región Altos de Chiapas.
Hasta el momento el gobierno del estado y los municipios, donde se declaró la Alerta, no han informado el recurso que han invertido para las políticas públicas y acciones urgentes afirmativas que debieron de ejecutar por la declaratoria.
El gobernador del estado, Manuel Velasco Coello ni siquiera ha reconocido de manera pública la declaratoria de AVG que obliga a los diferentes niveles de gobierno a implementar de manera inmediata acciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres.
Las y los manifestantes urgieron a los tres niveles de gobierno realizar acciones en contra de la violencia hacia las mujeres así como castigo inmediato para los feminicidas.
Durante la manifestación se leyó el siguiente pronunciamiento:
“En Chiapas las mujeres caminamos en la oscuridad, en la desolación, en la impotencia. Tal parece que estamos solas, que nos han abandonado.
La AVG se declaró en nuestro estado en noviembre del 2016, y sin embargo, desde entonces a la fecha han ocurrido 258 muertes violentas de mujeres, según datos del Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chipas.
¿Qué necesitamos hacer? ¿A quién pedir ayuda? ¿Quién va a salvarnos de ser asesinadas de regreso a casa?
Hoy nos sentimos rotas, con el alma profundamente lastimada por la muerte de Gloria Castellanos Balcázar, por ella y por Viridiana, Maricarmen, Gabriela, Kimberly, Ruby, Lucrecia, Manuela, Yuri, Ángela, Blanca, Rita, y por todas las asesinadas cuyo único pecado era ser mujer.
Pero también compañeras y compañeros, es necesario que dejemos de reproducir ideas equivocadas, ideas que perpetúan la responsabilidad de la víctima y justifican al agresor. ´Llevaba minifalda, iba tomada, andaba sola, le gustaba la fiesta, era noviera´, son comentarios que construyen nuestro imaginario colectivo, estableciendo mitos que alimentan nuestra imaginaria realidad, cuando la realidad es que las mujeres somos libres de vestir como queramos, de ir de fiesta, de sentir y dar amor a quien así decidamos, somos libres de transitar a la hora y en donde queramos, sin que estos derechos sean motivo para terminar violadas y asesinadas en el fondo de un pozo.
La formación de las futuras generaciones está en nuestras manos, dejemos de perpetuar la idea de que somos las mujeres las que nos tenemos que cuidar de los hombres, y mejor enseñémosle a los futuros hombres a respetar la vida y la dignidad de una mujer, porque de las 220 muertes violentas de mujeres registradas en 2017, todas fueron perpetradas por un hombre.
La sociedad en Chiapas está en duelo permanente por los feminicidios, por lo que urge un cambio de cultura, urge fomentar una cultura de respeto hacia la mujer, urgen acciones contundentes por parte de las autoridades, que la AVG declarada en nuestra entidad no sea solamente un discurso. Que el gobierno entienda que estamos hartas de esta inseguridad, estamos indignadas, nos sentimos impotentes, estamos hartas de su omisión y su desdén.
Seguiremos luchando y saldremos a las calles a protestar cuantas veces sea necesario, por nosotras, por nuestras amigas, por nuestras hermanas, por nuestras hijas, anhelando que un día dejemos por fin de caminar sin el miedo a ser la siguiente. Mientras ese día llega, seguiremos exigiendo ¡justicia, justicia, justicia!

| Foto: Joselin Zamora
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 

Fallece la periodista y fundadora de la agencia Cerigua Ileana Alamilla


Visibilizó el conflicto armado en Guatemala y la violación a DH
   

¿Quién apuesta por construir la paz? A veces las instituciones, otras los gobiernos, pero cotidianamente las personas, como Ileana Alamilla Bustamante, periodista guatemalteca y directora fundadora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), quien falleció este miércoles.
Ileana era periodista de profesión y abogada por origen. Nacida a mitad del siglo XX; comprometió su vida a la construcción de la paz con justicia y a la defensa de la libertad de expresión en Guatemala. En diciembre de 2011 fue reconocida con la “Rosa de la Paz”, una distinción a quienes contribuyen a la construcción de la paz en una democracia con libertad en Guatemala.
Sus años de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, transcurrieron justo durante la vorágine de luchas sociales y respuestas represivas por parte del Estado contrainsurgente de esa época.
Su contacto con profesores universitarios comprometidos con las causas populares y con dirigentes estudiantiles, le permitió construir una visión y sensibilidad ante los problemas sociales que la llevaron a identificarse con las ideas revolucionarias.
En 1979 la represión gubernamental rodeó el entorno familiar de Ileana, por lo que ella tuvo que salir del país por 19 largos años. Vivió primero en Costa Rica, después en Nicaragua, El Salvador y México.
En 1983, durante su exilio, fundó la agencia de noticias Cerigua, la cual buscó romper el cerco informativo gubernamental de lo que acontecía en Guatemala.
Cerigua puso en el mapa informativo el conflicto armado, y la violación a los derechos ciudadanos y humanos de la población guatemalteca.
Durante ese tiempo, Ileana experimentó una de las mayores satisfacciones que una periodista puede vivir al ver que la información sobre el emplazamiento de artillería en Chimaltenango (a 54 kilómetros de la ciudad de Guatemala) para masacrar a una población, obligó a que se evitara un derramamiento de sangre.
En 2005 se convirtió en la tercera mujer en presidir la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG) y en varias ocasiones fue presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la APG. Justo el pasado lunes 15 de enero había asumido nuevamente la presidencia de la APG.
Se sumó a otras causas desde el periodismo y dio voz, con su pluma, a las personas que son invisibilizadas por los grupos de poder.
Fue integrante de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, donde compartió el trabajo cotidiano para poner a las mujeres en el centro de la noticia.
Gran parte de su esfuerzo profesional se enfocó en mantener a Cerigua como contrapeso y como agencia informativa no marginal.
Fue columnista del Diario Prensa Libre. Aquí su última columna publicada el día de ayer.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas

Imagen retomada de Cerigua
Por: Erika Cervantes Pérez* Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Inseguridad: percepción y realidad

La Jornada 


De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada cuatro adultos mexicanos consideran insegura la ciudad en la que viven, aunque en algunos casos que van desde Reynosa, Tamaulipas, hasta la zona norte de Ciudad de México, esta proporción supera 90 por ciento de los ciudadanos encuestados. Estos datos muestran la prevalencia de la sensación de inseguridad, que ya en el tercer trimestre de 2016 fue de 74.1 y ahora repuntó hasta 75.9 por ciento, con el preocupante añadido de que prácticamente la misma cantidad de quienes respondieron prevé la persistencia de esta situación.
La percepción reportada por la ciudadanía es consistente con los indicadores de inseguridad dados a conocer por instancias oficiales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, todos los cuales muestran un deterioro sostenido de la criminalidad, comenzando con el alarmante récord de muertes violentas que hizo de 2017 el año más mortífero desde que se lleva este registro. El secuestro, los robos con violencia y las agresiones contra mujeres son otros tantos delitos de alto impacto que experimentaron un repunte, según reconoció en agosto pasado el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Entre las cifras recogidas por el Inegi, no puede pasarse por alto que la sensación de vulnerabilidad a escala nacional es 10 puntos porcentuales más alta entre las mujeres que entre los hombres, una percepción que es consecuencia directa de las condiciones especialmente adversas experimentadas por las mujeres en cuanto a las amenazas a su integridad. En efecto, sólo en el primer semestre del año pasado se registró un repunte de 12 por ciento en las denuncias por delitos sexuales, así como un total de 6 mil 444 casos de violación: una cada 40 minutos. Estos datos resultan de por sí escalofriantes, pero palidecen al considerar que casi 95 por ciento de los ataques no se denuncian o se denuncian y no se registran, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La vulnerabilidad percibida y efectivamente padecida por los ciudadanos muestra un fracaso institucional absoluto, en tanto el deber primario del Estado reside precisamente en la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes: en tanto no se presente una estrategia coherente para revertir las amenazas de la criminalidad, en cualquiera de sus modalidades, la viabilidad misma de las instituciones se encuentra en entredicho.

Las noticias de CIMAC


 Sandra de los Santos, Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 

“Justicia, Justicia, Justicia” gritaron frente a Palacio de Gobierno del estado, unas mil voces que se unieron ayer en la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno acciones efectivas para disminuir la violencia en contra de las mujeres.

La tarde de ayer, cientos de personas marcharon del parque de la Juventud a Palacio de Gobierno para condenar el feminicidio de la joven Gloria Castellanos Balcázar, quien fue encontrada asesinada el pasado martes 16 de enero.

Familiares de Gloria Castellanos encabezaron la marcha así como las familias de otras jóvenes que han sido víctimas de feminicidio en el estado.

La manifestación ha sido la más numerosa en comparación de las otras  marchas que se han realizado en la misma capital  para condenar la violencia en contra de las mujeres.

Durango y Coahuila deben investigar feminicidio y trata
Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.- En Durango los asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidio, por lo que el grupo de expertas que atendió la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) urgió al gobierno estatal crear un protocolo de investigación especializado en este delito.

Cimacnoticias consultó el informe del Grupo de Trabajo de la AVG que fue entregado este mes a Durango. En éste, las expertas que analizaron la situación de violencia que viven las mujeres en 10 municipios de la entidad, determinaron que los asesinatos de mujeres no son calificados como feminicidio debido a la falta de capacitación y protocolos de investigación.

De esto dio cuenta la agrupación que requirió la AVG el 4 de julio de 2017, la “Fundación para la promoción, el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres AC”, quien documentó el año pasado 14 asesinatos de mujeres pero solo uno de estos fue tipificado como feminicidio.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia de Durango aseguró a las expertas que en 2017 calificó cuatro asesinatos de mujeres como feminicidio y otros dos como homicidios culposos.

Erika Cervantes Pérez*, Cimacnoticias | Ciudad de México.- ¿Quién apuesta por construir la paz? A veces las instituciones, otras los gobiernos, pero cotidianamente las personas, como Ileana Alamilla Bustamante, periodista guatemalteca y directora fundadora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), quien falleció este miércoles.


Ileana era periodista de profesión y abogada por origen. Nacida a mitad del siglo XX; comprometió su vida a la construcción de la paz con justicia y a la defensa de la libertad de expresión en Guatemala. En diciembre de 2011 fue reconocida con la “Rosa de la Paz”, una distinción a quienes contribuyen a la construcción de la paz en una democracia con libertad en Guatemala.

Sus años de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, transcurrieron justo durante la vorágine de luchas sociales y respuestas represivas por parte del Estado contrainsurgente de esa época.

Su contacto con profesores universitarios comprometidos con las causas populares y con dirigentes estudiantiles, le permitió construir una visión y sensibilidad ante los problemas sociales que la llevaron a identificarse con las ideas revolucionarias.

Ana Luisa Guerrero* Cimacnoticias | Ciudad de México.-  “La bebé no está en posición, viene sentada, así que deberá nacer por cesárea”, sentenció sin más el ginecólogo al observar la ecografía.

A Ayram, la frase le cayó como un balde de agua fría. Rechazaba ser un número más en la estadística de que 45.5 por ciento de las mujeres en México da a luz por intervención quirúrgica, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta práctica es indispensable solo entre 10 y 15 por ciento de los casos.

Meses antes, de manera informada, ella y su esposo decidieron que su primogénita nacería en la comodidad de su hogar y acompañada de su familia; querían ejercer su derecho a un parto humanizado, en un ambiente de respeto y calidez.

Como su embarazo transcurría sin complicaciones y se había preparado para recibir a su hija bajo la guía de una partera profesional, el comentario del médico no tuvo resonancia en su decisión, pues estaba convencida de que la naturaleza obraría y que “el cuerpo de la mujer está hecho para parir”.

1/18/2018

La batalla de Chihuahua puede ser definitiva contra el gobierno y el PRI; ¿Se sostendrá?


Pedro Echeverría V.

1. La batalla que se desató en Chihuahua –encabezada por el gobernador Javier Corral- si recibiera el apoyo del país, podría acabar con el gobierno de Peña Nieto y con el PRI. Para mí lo más importante para acabar con ese gobierno, es el asunto de la “triangulación” de miles de millones de pesos hecho por el gobierno de Peña Nieto, usando directamente la secretaría de Hacienda, para repartirlos entre los candidatos del PRI para alcanzar gubernaturas, senadurías y diputaciones. Los 800 millones y todo el chismorreo a su alrededor, es secundario; el asunto importante es que el pueblo vea concretamente que las elecciones siempre han sido un engaño, una mentira que enseña que durante cien años nos han engañado con elecciones que jamás han sido limpias.

2. Pero, aunque he apoyado todas las luchas de diferentes trabajadores y distintos estados –que han sido centenares- hoy si pudiera también iría a acompañar la caminata aunque fuera por tramos; pero se me presentan algunas dudas, entre ellas tres: a) Que en todas las batallas contra el gobierno –aunque duela reconocerlo- hemos sido derrotados y por tanto hay que cambiar de estrategia; b) Que durante 100 años los gobiernos aprendieron a comprar o reprimir al pueblo y sus dirigentes, y c) Aunque siempre he apoyado a Javier Corral sobre todo en su lucha contra Televisa, e combatido al PAN porque siempre negocia con el PRI, tal como el Pacto por México, Fobaproa, la toma de posesión de Salinas, etcétera, etcétera. Antes que Corral llegara a la gubernatura por el PAN pensé que sería el único de ese partido que se pasaría a la izquierda.

3. En México se reitera a diario entre el pueblo, desde hace muchas décadas–y supongo que en toda América- que si se llevara a la cárcel a todos los políticos y empresarios ladrones y explotadores en cada país, no alcanzarían las cárceles para encerrarlos. En México más de 150 cárceles están llenas de gente pobre, de miserables y desempleados, que por robarse un pan, una cartera o un reloj, se pasan años en las prisiones particularmente porque no tienen papeles, abogados para defenderse o dinero para pagar una fianza. Por ello decimos que la justicia en México no existe o está de cabeza: si se roban 500 pesos para comer te vas a la cárcel, pero si se roban 500 millones te conviertes en una personalidad y hasta te premian.

4. Hoy o mañana se iniciará una masiva marcha de protesta desde el estado de Chihuahua hasta la ciudad de México encabezada por el gobernador del estado fronterizo Corral que con ello confronta al gobierno de Peña Nieto, a la secretaría de Hacienda, al PRI como partido de gobierno y al sistema electoral mexicano. Me recuerdan muchas marchas de a pie: de 466 kilómetros de Oaxaca/DF varias encabezadas por maestros de la CNTE; la de 400 kilómetros de San Luis Potosí del doctor Nava; la de 700 kilómetros de López Obrador desde Villahermosa; la que realizamos de 65 kilómetros Cuernavaca México de Javier Sicilia y ésta que se realizará de Chihuahua al DF de 1400 kilómetros. Cada una de esas marchas sumaron experiencias, pero…

5. Cada una de las marchas –incluyendo varias decenas de ellas que se han hecho con ayuda de vehículos automotores- de protesta y repudio al diferentes gobiernos, ha tenido diferentes demandas y se ha realizado como posiciones extremas ante la cerrazón gubernamental. Yo, por ignorar las marchas campesinas de los “Cien Pueblos” siempre encabezadas por César del Ángel; las de la CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala) y demás organizaciones de oposición, no doy cifras. Pero las marchas largas –como la que encabezó Mao-Tsetung en China en 1934/35 al interior del país, fue determinante para el triunfo de la Revolución en 1949 porque durante esa travesía se establecieron ideas, análisis para el nuevo poder campesino en ese enorme país.

6. Esa marcha de Chihuahua a la CDMX sería la más larga de los años recientes. Debe publicarse la programación de sus distancias y tiempos para acompañarla por tramos. Se supone que cada día se podrían recorrer 30 kilómetros lo que haría un largo proceso. Quizá sería una gigantesca pérdida de energía y tiempo, por lo que había que pensar en vehículos, médicos y un enorme apoyo del pueblo. Lo que más recuerdo es la Marcha por la Tierra (Chiapas/CDMX) que fuimos auxiliados por unos treinta autobuses, muchas camionetas y automóviles que no llevó más de 10 días; así como las otras dos que realizamos a Ciudad Juárez y Luego a la frontera con Guatemala, ambas encabezadas por Sicilia. ¡Salud Compañeros! (17/I/18)


alterar@gmail.com

El nuevo golpe a los derechos laborales

POR  Rosalía Vergara
homozapping.mx


En pleno proceso electoral resurge, de manera inusitada, un pleito entre viejos líderes sindicales corporativistas del PRI por la presentación de una iniciativa que reglamenta la reforma constitucional de justicia laboral cotidiana (artículo 123), que entró en vigor apenas el 24 de febrero de 2017. El trasfondo es, en realidad, la defensa de sus privilegios, no la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, coinciden el abogado laboralista, Arturo Alcalde y la académica de la Universidad Autónoma de México (UAM), plantel Xochimilco, Graciela Bensusán. 

Los entrevistados hacen un análisis para Proceso, sobre los propósitos de dicha iniciativa de ley que, en el tema del outsourcing o subcontratación, es muy parecida a la iniciativa preferencial de reforma laboral que el panista Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión un par de meses antes de concluir su sexenio, en 2012. El artículo 123 se reformó por presiones internacionales, el 24 de febrero de 2017, en el marco de la participación de México en el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Ambos entrevistados, confirman que los problemas entre los líderes de las Confederaciones de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo y de la Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, son, principalmente, internos y tienen relación directa con la defensa de sus intereses en los negocios en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM), entre otros factores. La regresión laboral En febrero de 2016 se supo que durante casi un año el gobierno federal preparó sigilosamente la reforma de justicia laboral cotidiana (Proceso 2050). 

El 28 de abril de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la LFT y de la Constitución con demandas que sindicatos independientes habían exigido, sin éxito, desde hace más de 30 años y finalmente, gracias a la presión del gobierno de Barack Obama y el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, preocupados por el efecto de la situación laboral mexicana sobre sus empleados, se concretó la reforma constitucional que, se suponía, terminaría con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la proliferación de los contratos de protección patronal, que son un escándalo a nivel internacional. (Proceso 2064) 

Los sindicatos nacionales y extranjeros denominados independientes le dieron un voto de confianza a la reforma aprobada, pero los sindicatos cercanos al poder respingaron. Por primera vez en este sexenio hubo manifestaciones contra el gobierno, pero no para defender a los trabajadores, sino para no perder sus privilegios con los llamados “contratos de protección” –negociados a espaldas de los trabajadores, el tripartismo en las juntas de conciliación y arbitraje, que le daba mucho poder a los corporativos en las pugnas contractuales, y porque desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción (Proceso 2083). Sin embargo, el 23 de enero de 2016, el presidente Trump, recién elegido, firmó una orden ejecutiva para retirarse del TPP, creado para conformar la zona de libre comercio más amplia del mundo. Aquí, el gobierno, los empresarios y los corporativistas vieron la oportunidad para reformar la ley laboral para que nada cambie. 

Esta nueva reforma sería inconstitucional, consideran Alcalde, Bensusán y el abogado laboralista Alfonso Bouzas. (Proceso 2130). La danza de los viejitos El 4 de diciembre, en el V Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte, el líder de la CTM y también presidente del Congreso del Trabajo (CT), Carlos Aceves del Olmo, amagó con estallar una huelga ante el incumplimiento con la central en las obras del NACM. 

Dos días después, el 6 de diciembre, 19 federaciones Revolucionarias de Obreros y Campesinos, desconocieron al senador Isaías González Cuevas como secretario general de la CROC porque, en marzo del 2016, se reeligió en un congreso hecho tras bambalinas y sin convocar a los líderes de las federaciones que la confirman. Cuatro días después, el 10 de diciembre, los senadores, Isaías González Cuevas, líder de la CROC y Tereso Medina, líder de la Federación Estatal Coahuilense de la CTM, presentaron en el Senado de la República la iniciativa de reglamentación del artículo 123 constitucional, cuya reforma había sido promulgada el 24 de febrero de 2017, la cual ha provocado reacciones en contra de organismos nacionales, americanos y canadienses que están en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

El 13 de diciembre, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) alzó la voz en rechazo a dicha reforma porque representa una regresión de cien años a la lucha de obreros y campesinos; prácticamente es regresar al Porfiriato, cuando las condiciones de trabajo se decidían unilateralmente. El abogado laboralista Héctor Barba, afirmó entonces que, dichos cambios, son “un golpe mortal para el sindicalismo democrático porque tienden a eliminar todos los derechos de los trabajadores y convertir a México en el adalid del esclavismo en el mundo”. Paradójicamente, Aceves del Olmo, de la CTM, reaccionó siete días después. El 17 de diciembre acusó a González Cuevas de mentiroso por declarar que el outsourcing o subcontratación beneficia a los trabajadores y que rechazaba la iniciativa presentada en el Senado. 

“El dirigente de la CROC miente, él ya no sabe cómo hacerle para sostenerse, por eso hace este tipo de cosas”, afirmó durante un acto en Cancún, Quintana Roo. Al ser cuestionado sobre el aval que le había dado el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a esta reforma, señaló: “Será buena para el secretario del Trabajo, para mí no es buena ninguna cosa que no se nos haya consultado antes y que no se dé a conocer a la opinión pública”, había indicado. Cuando se le recordó que la presentó el senador cetemista, Tereso Medina, dijo: “Será responsabilidad personal del senador Tereso Medina, que puede tener cargos muy pesados por haber dicho algo que la central que yo dirijo, no le aprobó para que lo dijera”. Para Bensusán, la reacción en contra de Aceves del Olmo responde, entre otras razones, a que acaban de suspender y en breve podrían expulsar a la CROC y a la CTM de la Confederación Sindical Internacional, porque se benefician de los contratos de protección y porque no defienden los derechos de los trabajadores. 

“La CTM está tratando de parar la expulsión y se deslindó de la propuesta de Tereso Medina, que es un líder de la industria automotriz de la CTM. ¨Por otro lado, Isaías tiene un problema dentro de la CROC. Entonces, hay todo un escenario confuso que, yo creo, está también determinado por factores internacionales en la negociación del TLC”, considera.


México en movimientos, a pesar de todo


Geofffrey Pleyers* y Manuel Garza**

Los analistas internacionales de los movimientos sociales consideran que el siglo XXI inició en México con el levantamiento zapatista. En los años siguientes, fue importante el protagonismo de la sociedad civil en la transición a la democracia. Casi un cuarto de siglo más tarde, ¿sigue en movimiento el país?

El panorama en el cual van surgiendo movimientos y resistencias es muy diferente, y por tanto también lo son los actores. El libro México en movimientos junta análisis de resistencias y alternativas en 14 estados de la República. Apunta a seis transformaciones fundamentales de los movimientos sociales en la década anterior.

1. La irrupción del Internet y de las redes sociales propició cambios en la cultura y la organización de muchos movimientos sociales. Las redes sociales permiten organizaciones interpersonales y colectivas más flexibles. Al mismo tiempo abren nuevos canales de información y comunicación entre ciudadanos. Sin embargo, la desinformación no desvaneció. Los principales canales de televisión siguen gozando de una amplia influencia en la opinión y México es de los países que más gasta en propaganda gubernamental y partidista. Mientras, la batalla de la información se ha vuelto una guerra, con 35 periodistas mexicanos asesinados desde enero 2016.

2. En la pasada década, la violencia explotó en México y se volvió estructural, con profundas raíces en todos los sectores de la economía y de la vida pública, incluyendo en el Estado y sus instituciones. De una manera o de otra, todos los actores sociales que se organizan en México tienen que afrontar esta violencia, por amenazas de los cárteles, destrucción de su comunidad, represión por el Estado o desaparición de activistas. Con la excepción del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o las protestas frente a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la mayoría de las resistencias frente a esta violencia surgen a escala local, en el contexto de una gran desconfianza hacia el Estado, como grupos de autodefensa y comunidades que se organizan de manera autónoma frente a los cárteles y el Estado.

3. Se ha reforzado en México y en toda América Latina el acaparamiento de los recursos naturales, empezando por tierras, minas y petróleo. Pueblos y comunidades resisten a todo un complejo extractivista que es cada vez más central en la economía neoliberal.

4. En comparación con los actores de las décadas anteriores, una de las transformaciones más profundas que afectó a los movimientos sociales en México es la pérdida de un horizonte democratizador y el cuestionamiento de los horizontes emancipadores. Hace 20 años, la llamada transición a la democracia generó esperanzas de que la alternancia política abriría nuevos horizontes políticos, económicos y sociales; que iba a acabar con la corrupción e imponer el respeto de los derechos humanos. Dieciocho años después de la alternancia queda poco de esta ilusión. La posible llegada de un presidente honesto podría mejorar la situación, pero no resolverá los problemas estructurales del país.

5. Un número creciente de mexicanos ven al Estado ya no como una solución sino como una parte de sus problemas.

Muchos movimientos y resistencias se construyeron buscando soluciones a escala local más que un cambio nacional. En muchos casos, han sido exitosos en ofrecer a sus integrantes una vida digna y más segura. Sin negar sus alcances, se está cuestionando este modelo emancipador enfocado en la autonomía local. Es cada vez más difícil resistir a la violencia, a las minerías o a la represión únicamente desde la escala local. La lucha en contra del mal gobierno, de la colusión entre gobernadores y alcaldes con los cárteles y para acabar con la impunidad que gozan los militares y los asesinos de periodistas, no se puede llevar únicamente por actores locales. Se requieren también actores y fuerzas capaces de impulsar cambios estructurales a escalas estatal y nacional.

6. Los movimientos que surgen hoy no lo hacen a partir de una gran agenda político-institucional sino a partir de lo que se ha vuelto su vida cotidiana: violencia y agresiones a las mujeres, la búsqueda de familiares desaparecidos sin que tengan apoyo del Estado, la destrucción de un bosque en Cherán, la devastación ecológica causada por la minería, el alza en el precio de la gasolina, la falta de recursos para organizar las clases en condiciones decentes. Sería un error oponer estas movilizaciones en defensa de asuntos locales o personales a la defensa de un interés general más elevado. Cuando los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa piden verdad y justicia para sus hijos, están luchando en contra del sistema que favorece la violencia y garantiza la impunidad, así como para todos los muertos y desaparecidos de este país. Cuando se protege un bosque o se defiende un ejido, se está resistiendo a todo un modelo económico y se demuestra que resistencias y alternativas son posibles, que otro México existe y sigue de pie, a pesar de todo.

*Profesor-investigador de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica
**Profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

… y Peña Nieto lo vuelve a hacer


Cienfuegos, Peña y Sandoval en Jalisco. Foto: Eduardo Miranda

Por Arturo Rodríguez García (apro).- Una vez más, como sucedió a través de todo el sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto irrumpe en el proceso electoral afirmando un asunto incontrovertible: no puede haber perdón ni olvido para los criminales. Nada más faltaba que sí.

Por el lugar en que lo hizo, el 79 Batallón de Infantería, en Jalisco, los destinatarios son los militares, cuyo papel en la “estrategia de seguridad” –aun pernicioso para el estado de los derechos humanos– implica derramamiento de sangre y sacrificios asumidos en la doctrina de su “necesaria” participación.

Por el momento en que lo dijo, también se dirige a un electorado que ha escuchado hasta el cansancio sobre “la amnistía”, un planteamiento que, a pregunta de reportero, asumió Andrés Manuel López Obrador en diciembre y que en las semanas siguientes mantuvo, aunque con matices, en sus ofertas de seguridad y justicia.

Cierto es que la propuesta del precandidato, aun siendo sólo discursiva, es inadmisible –pues no habla de concepciones como justicia restaurativa o prospectiva, sino de un confesional “perdón”–, como otros planteamientos que enarbola, si hemos de atender su Proyecto 18, presentado el 20 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Dicho proyecto tiene aspectos cuestionables, trastocamiento de la división de poderes y absurdos conceptuales, como se expone en la edición de Proceso 2150 que circula esta semana.

Sin embargo, el desaseo del Proyecto 18 o la floja propuesta de “la amnistía” forman parte del debate electoral al que Peña Nieto debe mantenerse ajeno como él mismo ofreció –cual concesión graciosa y no obligación– en septiembre pasado, diciendo que no lo volvería a hacer y que sería respetuoso del proceso electoral.

Ya el 4 de septiembre, en este espacio, me referí a esa intromisión perniciosa para la elección, consistente en un discurso que atribuía un parecido de López Obrador con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Meses antes, durante la elección presidencial estadunidense y con Donald Trump desplegando una mezcla de racismo, nacionalismo y propuestas de fortalecimiento del mercado interno, había voceros oficiosos que se animaban al comparativo con el exjefe de gobierno.

Pero Peña, tan genuflexo con Trump, se limitó a decir que López Obrador representaba un modelo del pasado, un riesgo visible para México que debía evitarse. En su mensaje por el quinto informe de gobierno, insistió en que el país podía perder sus avances en un fraseo similar al de ayer, cuando expuso que hay un enojo social extendido que nubla la vista y no permite apreciar avances.

Fue así como esta semana –en el contexto de la renovada búsqueda de referentes internacionales para el golpeteo que resulta en la supuesta influencia rusa sobre López Obrador– Peña Nieto volvió a la carga. Claro que lo que pueda decir no tiene demasiada importancia, especialmente en un gobernante de salida, manchado por la corrupción, ridiculizado al extremo por sus erratas.

La relevancia está en el ánimo que esas expresiones materializan en procesos electorales desde el primer año de gobierno, y que van del “no te preocupes Rosario, hay que aguantar”, al despliegue publicitario y de recursos materiales y humanos en el Estado de México el año pasado, donde su primo Alfredo del Mazo estaba en campaña.

Esa conducta tiene su base en la convicción, muy priísta, de erradicar la noción de sana distancia que Peña, gobierno y partido proclamaron desde febrero de 2013 y que, gracias a la impunidad que les concede el timorato y desaseado Instituto Nacional Electoral, se advierte desfachatada de aquí al 1 de julio.

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Meade, la mutación política

A partir de entonces los dos partidos caminaron juntos, pero tres décadas después sus pasos se han fusionado en un solo personaje: José Antonio Meade, cuya identidad ideológica y política es ambigua y difusa porque navega entre ambos partidos confundiendo al electorado.
Quienes conocen a Meade Kuribreña dicen que es una especie de mutante político, un nerd bonachón de la política al que le da lo mismo trabajar con el PRI o con el PAN, siempre y cuando la propuesta de gobierno sea reformista, neoliberal e inclinada a la macroeconomía.
A un mes de precampaña se ha difundido que el principal problema que enfrenta Meade es la confrontación interna entre los grupos que conforman su equipo: el propio, el de su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, y el de su vocero, Eruviel Ávila. Demasiados capitanes y poca tropa.
Sin embargo, los principales retos que no ha podido solventar Meade en el mes de precampaña y que difícilmente los podrá solucionar, son la contradicción interna que genera la falta de identidad partidista y la pesada loza de la corrupción que el PRI tiene tatuada en su historia y en la de sus principales miembros.
Aunque Meade se registró como ciudadano simpatizante en los actos que ha realizado ante los militantes del PRI en varios estados, quiere que lo acepten como uno de los suyos, pero no logra convencerlos de manera plena.
Los priistas se caracterizan por su disciplina de alinearse ante las decisiones de sus líderes, pero en el caso de Meade no lo sienten como uno de ellos porque su perfil es más cercano al PAN.
La estrategia del PRI también se ha topado con el serio problema de la corrupción que, como franquicia, parece casi exclusiva de sus miembros más distinguidos. Cada vez que Meade o Aurelio Nuño o Enrique Ochoa Reza prometen el combate a la corrupción y que no admitirán más corruptos en el gobierno o en el partido, sale a la luz pública un nuevo caso de desvío de recursos, enriquecimiento inexplicable, negocios ilícitos o tráfico de influencias de algún miembro del PRI.
No ayuda a la campaña de posicionamiento de Meade la pesada historia de corrupción que lleva sobre su espalda el gobierno de Enrique Peña Nieto su principal padrino y protector en su carrera por la Presidencia de la República.
En su mutación política, Meade tampoco tiene un asidero favorable con su historial calderonista. El expresidente Felipe Calderón no es una referencia favorable para nadie y menos cuando tiene manchas de sangre imborrables por su declaración de la guerra contra el narcotráfico que solo generó más muertes, violencia y corrupción en todo el país.
Es así que con estos lastres Meade parece que se hunde poco a poco a pesar de que su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, diga que en solo un mes ya está en empate técnico con Andrés Manuel López Obrador o que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, vaticine que ganará con el 40% de los votos en la elección del 1 de julio.
Por cierto… En las campañas sucias de las elecciones siempre se crean fantasmas con los cuales se quiere espantar a los simpatizantes de los punteros en la contienda. En esta ocasión Vladimir Putin, Elba Esther Gordillo, Nicolás Maduro y hasta Kim Jong-un son parte de la riada de espectros de terror que los estrategas del PRI vienen mencionando para crear una sombra de violencia en Andrés Manuel López Obrador. Surrealismo puro.

La Corte selecciona a quién sancionar

Las más recientes, este martes 16, de los presidentes municipales de Coacalco, en el Estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, en Puebla, Erwin Castelán y Pablo Pérez Maceda, respectivamente; representantes sin mayor peso en la política nacional y por lo mismo sin mayor costo político del máximo tribunal.
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, dice que a los ministros no les ha quedado de otra porque es un mandato de la Constitución. En efecto, la fracción 16 del artículo 107 faculta a los ministros de destituir a las autoridades que de manera injustificada incumplan un amparo.
Pero el cuerpo colegiado que preside Aguilar se ha comportado de manera complaciente ante otros casos de desacato. El más significativo, y documentado, ha sido la protección que dio al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien incumplió un amparo cuando era director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En mayo del año pasado, la Corte resolvió de un plumazo, sin discusión, un recurso con el que salvó de la inhabilitación y consignación a Ochoa Reza.
El presidente del PRI se negó a pagar una indemnización por más de 463 millones de pesos a la que la CFE estaba obligada por haber rescindido un contrato de manera injustificada a la empresa Líneas de Alta Tensión.
Como ha ocurrido en los casos del delgado y los presidentes municipales, la Corte sólo tenía que pronunciarse sobre el incumplimiento y dar paso a la sanción. Y así estaba considerado en un proyecto inicial de la ministra Margarita Luna Ramos.
Pero la ministra, originaria de Chiapas e integrante de una influyente familia en el Poder Judicial de la Federación, sacó un segundo proyecto en el que el presidente del PRI quedó libre de toda responsabilidad.
En las destituciones de los alcaldes, la Corte ha hecho valer los fallos de jueces de Distrito, que han sido materia de los llamados juicios de inejecución de sentencia. En el caso del presidente del PRI, los ministros pasaron por encima de resoluciones de un juez federal, un Tribunal Colegiado y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, quienes coincidían en la responsabilidad del funcionario y en el monto de la indemnización.
A propuesta de Luna Ramos, Ochoa no sólo fue exonerado, sino que se pidió la revisión de lo calculado por los propios jueces y magistrados.
El litigio lleva ya casi 15 años, y aunque Ochoa Reza no era funcionario de la CFE cuando se rescindió el contrato, la justicia federal sí fijó la obligación de pago cuando él dirigía la empresa eléctrica.
Así el doble rasero de Suprema Corte.
Comentarios: @jorgecarrascoa

Cantos de guerra


Los cuentos infantiles tienen su raíz en trágicos sucesos de la antiguedad que marcaron a los pueblos. El niño que los papás sin recursos abandonan en el bosque para que sea una boca menos que alimentar, matanzas y tributos que guerreros invasores imponían a la gente y que en la literatura infantil pasaron a ser representados por el ogro y las hijas que, con gran dolor, habían de ser entregadas para conservar la vida... uno de los clásicos preferidos por la infancia -aún hoy- es el lobo y los siete cabritillos, donde, en ausencia de mamá cabra, el lobo llama a la casa de los cabritillos cambiando la inflexión de la voz o enseñando una pata enharinada para engañar a las inocentes cabritas.

En los Altos de Chiapas, un conflicto de límites entre comunidades, grupos armados que asesinan y provocan desplazamientos masivos, cultivos de marihuana y rutas de la droga, conflictos políticos por disputas entre partidos, donde el gobierno estatal es parte del problema, una población empobrecida y desplazada por la violencia. La problemática y el escenario están servidos para que el lobo llame a las puertas de Chalchihuitán, sea ubicado como intervención mediadora y ocupe la casa... para quedarse. Ya están dentro, patrullan por la zona, reparten cobijas y dan asistencia sanitaria básica. También hay un destacamento de la policía estatal; a la fecha de hoy 14 de enero ningún paramilitar ha sido detenido o desarmado y se siguen escuchando disparos en la zona de conflicto.

En la frontera sur de Chiapas también los cabritillos le abrieron la puerta al lobo que se presenta disfrazado y ofreciendo servicios en 23 municipios (remozamiento de viviendas, pintura de fachadas, peluquería...) o sea, ocupando el territorio y realizando tareas de información, control y paso regulado de drogas y migrantes. El tratamiento mediático es burdo pero efectivo. Portada del diario Cuarto Poder del miércoles 10 de enero, titular con gran foto: “Secretaría de Marina lleva jornada social a Cacahoatán”. Un miembro femenino de la Armada con aspecto de secretaria, escucha atentamente, sentada, con los brazos cruzados y pluma en mano a una señora del pueblo. Es decir, ya están fabricando la imagen a modo del ejército, para paliar o disimular el nuevo ciclo de violencia que se viene. Esto demuestra la importancia de los medios de formación de masas para el tratamiento de un tema cuyas consecuencias ocupan y preocupan a sus diseñadores. La presidencia de Chalchihuitán, priísta al fin, ha facilitado la intervención de los militares solicitando la instalación de una Base de Operaciones Mixtas -BOM- en lo que pareciera la última fase de la “solución” a un conflicto que inicia por disputas territoriales, se agrava por motivos políticos y cierra el círculo con la presencia del ejército y la policía estatal. No es posible obviar la transformación del ejército mexicano en una fuerza policial con carta de impunidad avalada por la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior (viernes 15 de diciembre 2017) con el mismo esquema que se repite en la subordinación al Comando Sur de Estados Unidos por parte de los ejércitos de Argentina y Brasil (acuífero guaraní, control de la Antártida y selva Amazonas). 

A un nivel más pequeño, pero no menos importante, Chiapas es un territorio con recursos minerales, agua dulce y lo que queda de la selva Lacandona. Es necesario repasar la sangrienta tragedia nacional que se ha agudizado nada más comenzar el 2018 hasta el punto que el gobierno de los Estados Unidos ha emitido un comunicado advirtiendo a los ciudadanos de ese país sobre la violencia en México y poniendo a cinco estados (Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas) en el mismo nivel de alerta que Irak, Afganistán y algunos países de Africa. La ejecución de 11 miembros de la policía comunitaria de Guerrero y de alcaldes y regidores en diferentes estados, la persistencia del paramilitarismo en Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La visita de las máximas autoridades del Comando Norte y el Comando Sur de Estados Unidos a Tapachula, Chiapas en febrero del 2017, para “conocer de primera mano los desafíos que México enfrenta en la protección de sus fronteras” (vocero de la embajada estadounidense en México). Estos son los elementos que hay en el escenario.

Bajo una de las lonas que protegen a los cerca de mil desplazados de Chalchihuitán que aún no regresan a sus casas, del intenso frío y la lluvia de estos primeros días del 2018 , un grupo de niñas se dan la mano y hacen corro cantando: Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, porque si el lobo se aparece a todas nos comerá... 

Los migrantes mexicanos como sujetos de discriminación

Impactos de la administración Trump


"A aquellos [migrantes] que no mueren en el tránsito y no son capturados y devueltos inmediatamente, les espera una existencia espectral de "hombres invisibles", cuerpos explotables sin documentación que les garantice unos derechos mínimos. Serán tolerados, explotados y permanentemente amenazados al mismo tiempo". José A. Zamora, 2017
"Y en un mundo de conflictos, en un mundo de víctimas y verdugos, la tarea de la gente pensante debe ser -como sugirió Albert Camus- no situarse en el bando de los verdugos". 
Howard Zinn, 2001.





Los migrantes mexicanos, destinatarios de la discriminación como política migratoria
Desde su inicio, el gobierno de Trump se ha distinguido por una postura racista y xenófoba hacia México y en especial hacia los migrantes mexicanos en EU –especialmente aquellos sin documentos migratorios-. Esto se enmarca en las posturas discriminatorias y de supremacía blanca que han caracterizado a esta administración y que ven a la migración como una amenaza. Además de los mexicanos, han sido destinatarios de estas políticas y retóricas de la exclusión personas de países con población musulmana y diversas naciones anteriormente beneficiarias del TPS -los haitianos, los hondureños y recientemente los salvadoreños-. Desde una lectura estigmatizada, poco informada y peyorativa, de manera infundada se les imputa a los migrantes mexicanos la responsabilidad de múltiples problemas en EU –diversos delitos, pérdida de empleos, tráfico y consumo de drogas, procesos de desintegración social-. La discriminación a los mexicanos tiene una triple vertiente: (1) por su origen étnico cultural y adscripción nacional; (2) por su condición de clase, como trabajadores en adversas situaciones de vida y en necesidad de empleos mejor remunerados; (3) y, finalmente, por su estatus migratorio irregular. Desde un uso deliberado y malintencionado del migrante como causante de prácticamente todos los males, las políticas migratorias estadounidenses se han caracterizado por su talante discriminatorio y por estar abocadas al cierre de fronteras, al afán de construir el “muro”, a las deportaciones y a la criminalización del migrante.
No obstante, las realidades son distintas y discrepan de estas percepciones distorsionadas y excluyentes. La gran mayoría de los mexicanos en EU no sólo no son delincuentes, sino que se trata de millones de trabajadores mal pagados y expuestos a precarias condiciones laborales. Salieron de su país por necesidad, no por gusto. Lejos de las supuestas mermas económicas y sociales que se les atribuyen, los migrantes mexicanos reciben frecuentemente bajos salarios -por debajo de lo establecido en la ley-, carecen de derechos laborales y seguridad social y reducen los costos de producción, incrementando el margen de ganancia. Es justo de la explotación de estos migrantes sin documentos y necesitados de trabajo de donde surge ese notable excedente de generación de riqueza y capital para las empresas, corporaciones y empleadores. Aunado a esto habría que considerar la importante derrama económica que representa el consumo de bienes y mercancías que hacen millones de migrantes mexicanos para la economía estadounidense.
Impactos económicos y sociodemográficos de las políticas migratorias de EU
No obstante que a la fecha el envío de remesas no ha disminuido –debido tanto al alza del dólar como a la intención de los migrantes de mandar la mayor cantidad de dinero a México ante la constante amenaza de la deportación-, a largo o mediano plazo puede presentarse una reducción considerable del envío de remesas. Lo cual tendría múltiples impactos a nivel macro y microeconómico en el país, sobre todo en relación a los intensos procesos de dependencia económica de las remesas que hay en diversas zonas de México –un buen ejemplo son los contextos rurales de buena parte del Bajío mexicano-.
A esto habría que añadir impactos de orden sociodemográfico, en relación a lo que pasará con los miles de migrantes mexicanos que están siendo deportados a México. En este tenor ocupa un lugar especial la cancelación de DACA, que pone a cerca de 600 mil dreamers mexicanos en un posible escenario de deportación. La solución de la apremiante condición de los “dreamers” se ha vuelto una moneda de cambio y un ejercicio de extorsión para que la administración Trump consiga el presupuesto para su ansiado e innecesario muro. En caso de no haber una solución al impase en que se encuentran, miles de dreamers serían forzados a regresar a México pese a su voluntad, experimentado, entre otros, tres adversos procesos: 1) Una (re) inserción escolar muy precaria, tanto por el insuficiente acceso a educación media y media superior en México, como por el proceso de convalidar documentos que acrediten su nivel educativo. 2) Una compleja (re) integración familiar, después de años en EU, les espera un México extraño y con otros códigos y sistemas de valores. 3) Y no menos importante, una incorporación laboral muy difícil, dado que la oferta laboral de carácter calificado es reducida, cuenta con pocos empleos y son frecuentes los bajos salarios. En términos más amplios, el mercado laboral nacional no tiene capacidad para ofrecer trabajos dignos y suficientes para ellos. Aunado a esto, hay una abismal diferencia entre los salarios reales en México y en EU.
Repercusiones migratorias y territoriales para México
La “reducción” de la migración mexicana no documentada a EU, relacionada a la contracción del empleo en EU -derivado de la crisis de la economía de 2008- y reforzada a partir de la llega de Trump, probablemente tendrá una influencia en los procesos de incremento de la migración interna en el país. Especialmente si se considera que las causas económicas de la migración a EU no han sido resueltas. Esto supondrá una sobrecarga de los polos de desarrollo en México, en tanto serán lugares a los que se dirigirán los miles de migrantes que antes tenían como destino EU. De manera paralela, las localidades y comunidades del campo mexicano que viven de remesas experimentarán una acentuada precariedad y cambio socioeconómico negativo –pensando en el deterioro de las condiciones materiales de vida-; es factible que se presente un incremento de la pauperización de localidades rurales relacionadas a la migración y el envío de remesas.
En lo tocante al orden migratorio lo más significativo ha sido el incremento de la persecución y criminalización de los migrantes mexicanos. Ejemplo de esto es que, si bien se ha reducido el número de detenciones de migrantes en su intento por cruzar a través de la frontera entre México y EU, la cifra de mexicanos detenidos dentro del territorio del vecino país por el servicio de inmigración en el primer año de Trump se incrementó en cerca de un 40%. A esto se han sumado, tanto la acelerada y alarmante reducción de las visas de reunificación familiar -el número de visas aprobadas es el más bajo desde el año 2000-, como la acentuación de las problemáticas sociales en las ciudades fronterizas del norte, fenómeno derivado de las políticas migratorias excluyentes y discriminatorias de EU.
En referencia a la situación de los migrantes en EU, el panorama no es muy diferente, se anuncian días aciagos. Ha habido un aumento de las violaciones de derechos humanos de los mexicanos -sin documentos-, destacan los casos de migrantes en graves condiciones de salud y en situaciones críticas que no van a los servicios de salud por temor de ser detenidos y deportados, así como las experiencias de miles de mexicanos agredidos y violentados en la frontera norte y dentro de EU debido al racismo de grupos xenófobos. A lo anterior habría que agregar la vulneración de los derechos de miles de niños estadounidenses de padres mexicanos que experimentarán rupturas familiares derivadas de las deportaciones.
En este contexto, hay un escenario incierto para miles de posibles deportados y retornados a México. Surge la pregunta obligada de cuál sería su futuro en términos laborales, sociales y familiares en el actual y complejo contexto mexicano. Ahora, como hace años cuando adversas condiciones los expulsaron de su país de origen, serán obligados a migrar de manera forzada como consecuencia de políticas discriminatorias que los excluyen.

Notas
Una versión preliminar y más extensa de las ideas del presente texto fue expuesta en la presentación: “El muro, la frontera y la migración”. Esta presentación puede consultarse en el link: https://www.youtube.com/watch?v=a8Fs2S5KpnE.

Guillermo Castillo, profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM. 

El estado mexicano será evaluado en acciones contra la violencia de género

Por primera vez, el trabajo del Poder Judicial y las sentencias serán analizadas

Las autoridades no cuentan con mecanismos para identificar resoluciones discriminatorias


Por primera vez, el trabajo del Poder Judicial y la transparencia en la publicación de las sentencias serán analizados como variables que determinan el acceso a la justicia de las mujeres por el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés).
Equis: Justicia para las Mujeres informó lo anterior y puntualizó que en la lista de cuestiones enviadas por el comité de la Cedaw al gobierno mexicano para discutirlas en la reunión que se realizará en julio de 2018 en Ginebra, Suiza, llama la atención sobre la falta de mecanismos al interior de los Poderes Judiciales para identificar sentencias discriminatorias que perpetúan estereotipos y discriminación por diversas causas como sexo, raza, entre otras.
Aborda también el tema de transparencia y acceso a las sentencias como algo que afecta el acceso a la justicia de las mujeres. Señala que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) de 2015 significó un retroceso en el derecho de acceso a la información.
La organización refiere que el comité de la Cedaw destacó la importancia de evaluar las capacitaciones al Poder Judicial con indicadores claros para medir el progreso en la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial.
También incorpora el tema del fortalecimiento de las Unidades de Género en los Poderes Judiciales, refiriéndose de manera específica a la necesidad de dotarlas de recursos humanos, técnicos y financieros, y llama la atención sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia.
De manera novedosa se incluye también un apartado de mujeres privadas de la libertad, específicamente las detenidas por delitos de drogas, señalando la urgencia que se respeten sus derechos. Aborda el problema del uso excesivo de prisión preventiva y la necesidad de crear medidas alternativas.
La organización feminista señaló que el comité de la Cedaw retomó estos temas a partir de los datos presentados en su informe sombra, en el cual da cuenta de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, haciendo énfasis en las violaciones a los derechos humanos de quienes están privadas de la libertad por delitos de drogas y la importancia de fortalecer las políticas públicas, como los Centros de Justicia para las Mujeres.
El informe sombra refiere que según los últimos datos, a escala estatal, la persecución por delitos de drogas ha ido al alza para las mujeres, con incremento de 103.3 por ciento en los últimos dos años.

Jessica Xantomila 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de enero de 2018, p. 16

Trabajarán en Canadá 26 mil jornaleros agrícolas durante 2018

Ayer partieron cien hacia diversas provincias de ese país


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Más de cien jornaleros agrícolas partieron ayer hacia Canadá,
 con sus permisos de trabajo en regla, para apoyar en labores del campo en esa nación

Más de 26 mil jornaleros de todo el país serán apoyados bajo el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) 2018 y viajarán a laborar en granjas de esa nación, por lo que se resguardarán sus derechos laborales, informó el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián.
El funcionario encabezó el inicio ayer de este programa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde atestiguó la partida de los primeros 102 jornaleros que se dirigen a dicho país bajo el PTAT; explicó que los trabajadores van con contratos de tres y ocho meses cada año.
El programa arranca con esta centena de jornaleros provenientes de Tlaxcala, Tabasco, Puebla, Oaxaca, estado de México, Querétaro y Guanajuato y estarán en granjas de las provincias de Ontario, Quebec, Toronto y Columbia Británica.
Campa Cifrián expuso que los connacionales son beneficiados del sistema laboral canadiense, lo que les permite incluso la posibilidad de jubilarse si cumplen los requisititos de tener más de 60 de años de edad, siempre y cuando tengan al menos ocho años de trabajo en ese país, con lo que alcanzarían a tener una pensión de 80 por ciento del salario base con el que laboraron.
Agregó que en este sexenio 109 mil 67 trabajadores agrícolas han aprovechado las oportunidades de empleo que les brinda el acuerdo México-Canadá, cifra que representa 31 por ciento del total en los 43 años de vida que tiene el programa.
Incluso el año pasado viajaron bajo esta modalidad 25 mil 344 trabajadores mexicanos, de los cuales 18 mil 679, es decir 73.7 por ciento, son nominales, o sea que han sido requeridos por su empleador en más de una ocasión. Del total de enviados en 2017, 82.3 por ciento tiene dos años o más de participar en el PTAT.
Las labores en que se emplea a los jornaleros son en los cultivos de verduras y legumbres, frutas, flores, invernaderos y viveros.
El secretario acotó que dicho programa tiene 43 años de existir, ya que inició en 1974 y se ha logrado consolidar como una política pública binacional que garantiza la movilidad de trabajadores agrícolas mexicanos de manera, segura, legal, ordenada, al tiempo que les garantiza el respeto a sus derechos laborales, sociales y humanos.
De ese año a la fecha, 351 mil 869 trabajadores agrícolas han participado en el PTAT y la temporada 2017 tendrá un incremento de participación de 6 por ciento con relación al año pasado; agregó que la demanda de mano de obra por parte del sector agrícola canadiense crece, sobre todo por la calidad de la mexicana.
Este esquema, además de confirmar la sólida relación que existe entre ambos gobiernos, se ha convertido en un modelo a seguir para el establecimiento de programas de movilidad laboral con otros países del mundo.

Foto Guillermo Sologuren
Patricia Muñoz Ríos
 Periódico La Jornada