9/23/2017

¿Por qué nos matan?


Zona de Reflexión
Por: Lucía Lagunes Huerta*

Tras el feminicidio de Mara Castilla, la pregunta vuelve a rondar una y otra vez ¿por qué los hombres asesinan a las mujeres? Y la respuesta es sencilla, porque pueden.

Y cuando hablo de que pueden no me refiero a la fuerza física, me refiero a que históricamente han construido un sistema que les permite violentar a las mujeres, incluso asesinarlas, como un privilegio de poder masculino.

¿Por qué nos matan? porque la vida de las mujeres no les importa. Ni la vida, ni la integridad. No les importa ni la edad, ni la apariencia física; y no les importa porque han aprendido que la vida de las mujeres no importa, porque nada de lo femenino tiene valía en esta sociedad profundamente patriarcal.

Porque antes de asesinar a una mujer aprendieron a devaluar todo lo femenino “porque el que llega al último es vieja”; “porque llorar es de viejas”; “porque el que pega suave, pega como vieja”… y un largo etcétera.
No es que amanecen un día convertidos en asesinos. No. Lo van aprendiendo, sobre todo aquellos que viven en donde la misoginia es aceptada abiertamente.

Por ello se criminaliza a las víctimas, porque también han desarrollado un mecanismo para exculparse y no asumir su responsabilidad.

Por ello tenemos que salir a las calles, porque la rabia se desborda, porque estamos hartas de la violencia y de la inacción del Estado para garantizarnos poder vivir sin miedo.

¿Por qué nos matan? Es una pregunta que ha llevado a las feministas a investigar y documentar por años la respuesta. Porque ellos tienen poder y las mujeres no.

En 1971 la bibliotecaria americana Elizabeth Gould, en su libro “El primer sexo” hizo un recuento de los pretextos empleados para quemar vivas a las mujeres durante la época medieval: “por amenazar a sus maridos, por contestarle a un cura, por rechazar a un cura, por robar, por prostitución, por adulterio, por ‘salir embarazada’ fuera del matrimonio, por permitir la sodomía, aún cuando el marido o el sacerdote que lo practicaban eran perdonados, por masturbarse, por lesbianismo, por descuidar a sus hijos, reprender y regañar y aún por haber tenido un aborto espontáneo, aunque el mismo hubiera sido producto por un puntapié o un golpe propinado por el marido.”

“De este modo la crueldad física y hasta el asesinato, que ha llegado a institucionalizarse, pueden convertirse en cuestiones de costumbre. Los hombres, al incorporar a la cultura dominante sus actitudes inhumanas, evitaban asumir la responsabilidad de sus propias conductas individuales”, afirmó Elizabeth Gould.

Algunos de esos pretextos han sido sustituidos por otros que responden a la actualidad: la ropa que vestimos, el horario en el que transitamos las mujeres o las formas de divertirnos.

Todos ellos pretextos inmundos para deslizar la responsabilidad de la agresión a las víctimas, y tal cual lo señala Gould, evitar asumir la responsabilidad propia de sus conductas individuales y sociales, agregaría yo.
Como colectivo, los hombres deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Tolerar cualquier violencia contra las mujeres es aceitar el camino al feminicidio.

No es que haya violencias chiquitas, tolerables, y otras grandotas como el feminicidio, intolerables para algunos. Los chistes misóginos, el cuchicheo masculino sobre la vida sexual de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, es parte de esas costumbres de la cultura dominante.

Dudar, casi en automático, de la palabra de las víctimas de cualquier tipo de violencia; divulgar los mitos que mantienen la desigualdad entre mujeres y hombres, es parte de la cultura que permite que ellos puedan matarnos.

A tal grado llega el desdén de la violencia contra las mujeres y el cinismo patriarcal, que un hombre acusado de violencia física por parte de su compañera, puede ser Premio Nobel de la Paz. Me refiero al ex primer ministro de Japón Eisaku Sato, quien recibió el Nobel en 1974, pese a que Hiroko Sato, su cónyuge, denunciara que él la golpeaba. La paz de ella no importó.

De ese poder hablo cuando digo que ellos pueden violentarnos porque han creado un sistema que se los permite.

¿Por qué no han funcionado las leyes que han creado las feministas para desterrar la desigualdad y garantizar la vida y la integridad de las mujeres? ¿Por qué los dineros del erario público gastados para erradicar la violencia contra las mujeres no han tenido buenos resultados? ¿Por qué en las escuelas la violencia contras las niñas sigue creciendo sin que las autoridades hagan algo?

¿Por qué un agresor sexual puede ir a la marcha que busca erradicar todas las violencias contra las mujeres? Es como si un torturador fuera a la marcha de las víctimas de tortura. ¡A ningún torturador se le ha ocurrido este disparate! ¿por qué a un agresor de mujeres sí se le ocurre ir a vender panqués y colocarse justo al lado donde se imprimen las serigrafías de Mara Castilla? Porque aún persiste esta impunidad masculina que les hace creer que no les pasará nada y es necesario que sí les pase.

Eliminar esta impunidad y los pretextos que justifican la violencia masculina, construir realmente una equivalencia humana de las mujeres, es el camino más efectivo para eliminar la violencia contra nosotras.


*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28

CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Mara: el hartazgo ante violencia de género y la pasividad del Estado


OCNF pide que se investigue con perspectiva de género 

En demanda por justicia para Mara Fernanda Castilla Miranda, joven desaparecida el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Cholula, Puebla, tras abordar un servicio de taxi y ser encontrada asesinada siete días después en una barranca en San Miguel Xonacatepec en los límites de Tlaxcala, mujeres de seis estados se manifestaron en las calles este fin de semana para exigir un alto al feminicidio en el país.

El 8 de septiembre Mara Castilla abordó un taxi de la empresa privada Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para llegar a su domicilio, sin embargo, la joven nunca llegó por lo que su familia presentó una denuncia por su desaparición (carpeta de investigación 14652/2017/ZC).

El chofer se presentó a declarar ante la Fiscalía y dijo que dio el servicio a la joven, quien había solicitado bajar en un punto cercano a su domicilio, pero las cámaras de seguridad constataron que la joven de 19 años de edad nunca bajo de la unidad de transporte.

Ricardo N. fue detenido el 12 de septiembre, y el cuerpo de Mara localizado tres días después de la detención del chofer, el 15 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de Puebla informó que Mara había sido asesinada por el conductor del taxi y su cuerpo con signos de violencia sexual fue arrojado en una barranca cercana a los límites con el estado de Tlaxcala.

El feminicidio de Mara Castilla, subrayó en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) fue resultado de la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades de Puebla y Tlaxcala, regiones en las que a falta de una articulación interestatal para frenar la violencia hacia las mujeres, ya ha cobrado la vida de 82 poblanas este año, según los registros de organizaciones civiles.

El OCNF exigió al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad y a las autoridades estatales de justicia, que el asesinato de Mara Castilla sea investigado como feminicidio y juzgado con perspectiva de género, e indagar a fondo al transporte privado de taxis utilizado por la adolescente para deslindar si participó o no en el crimen.

El Observatorio indicó que los protocolos de búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes (como la Alerta Amber y el Protocolo Alba) no están operando de manera efectiva en una zona conocida por tener el principal corredor de trata de personas en México (Puebla-Tlaxcala), ya que en los protocolos se indica explícitamente que las primeras 72 horas de investigación son vitales para hallar con vida a las mujeres.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2012 a 2015 desaparecieron 780 mujeres tan sólo en Puebla, con un perfil muy concreto, son mujeres entre los 15 y 29 años de edad.

Por ello, la organización urgió a ambos gobiernos a investigar el patrón sistemático y modus operandi de los grupos de trata de mujeres con fines de explotación sexual que existen en la región de Puebla y Tlaxcala.

El Observatorio recordó que el feminicidio de Mara Castilla no es un caso aislado sino parte de la problemática estructural de violencia perpetrada contra las mujeres y por ello es que se ha solicitado en dos ocasiones la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Tlaxcala. La primera fue desechada y la segunda sigue en espera de ser aceptada o no, por la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras, del machismo, de la institucionalización de la impunidad, de la complicidad de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca nos negamos a continuar viendo cómo nos matan y cómo matan a nuestras jóvenes”, se pronunció en el documento el OCNF conformado por 40 asociaciones civiles.

Al llamado y repudio por el feminicidio de Fernanda Castilla, también se unió el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) que demandó al Estado mexicano generar mecanismos adecuados para erradicar la violencia contra la población femenina, como lo dispone la Constitución mexicana, los tratados internaciones y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

MUJERES, PROTESTAN PÓR FEMINICIDIO EN ESTADOS

Tras la noticia del feminicidio de Mara, organizaciones civiles convocaron a protestar en varios puntos y ciudades del país el 17 de septiembre. En Puebla, la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guadalajara, se realizaron marchas simultáneas.

En Puebla se convocó a iniciar la protesta desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) institución donde estudiaba Mara Castilla, para dirigirse a la explana central del municipio, donde organizaciones civiles pidieron declarar en Alerta de Violencia de Género a Puebla.

Mientras, en la Ciudad de México mujeres, adolescentes y familias acompañas de niñas, vestidas de morado, con banderas y pancartas en las que expresaban su rechazo a la violencia que enfrentan en su cotidianidad, caminaron a partir de las 12 de la tarde desde la explanada del Zócalo al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) donde concluyeron con llamados a impartir justicia y la protección de sus vidas. 

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, Ricardo Alexis N. será juzgado por el delito de feminicidio y actualmente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas periciales.

CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Detrás del feminismo están las grandes revoluciones que queremos”


Juana Antonia Jiménez, simpatizante de la Revolución Sandinista

“En contextos autoritarios vale la pena seguir batallando, ya no sólo por mis propios derechos, tengo una hija y una nieta. Creo que después de tanto que se ha batallado en Nicaragua, por la democracia y por la igualdad para las mujeres, vale la pena seguir dando batalla. El feminismo como apuesta política es válida. Y detrás del feminismo están las grandes revoluciones que nosotros queremos para nuestra sociedad”.

Son palabras de Juana Antonia Jiménez Martínez, una de las simpatizantes de la Revolución Sandinista de Nicaragua durante la década de los años 70 cuando se enamoró, como ella dice, de la lucha por los derechos y la justicia, dos causas que sigue defendiendo pero ahora como abogada e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de su país. 

La mujer que de joven buscaba reivindicar un modelo de justica social ahora es la adulta que representa víctimas de violencia de género. “El feminismo me encontró posterior a la revolución, reivindicando una agenda para las mujeres. Siempre he dicho que mi apuesta y mi convicción revolucionaria es de cambios sociales estructurales” afirmó en entrevista con Cimacnoticias durante su más reciente visita a México.

DERECHOS PERDIDOS 

Abogada feminista y perseguida política, Juana Antonia Jiménez habló de los logros de las nicaragüenses, a quienes pareciera que cada vez les arrebatan más derechos. “Hemos perdido el proceso mismo de contribución democrática y de pacificación. Eso era la mayor ganancia. Recordar que nosotras pasamos un proceso y una revolución que en términos internacionales tuvo muchas esperanzas de cambio social o de justicia social”.

Cuando la sociedad de aquel país centroamericano optó por la paz y la democracia, por el sufragio y los procesos electorales parecía que a la par del fortalecimiento de las instituciones se garantizarían derechos pero no fue así. “Conquistamos derechos pero los perdimos”, resumió la defensora.
Por ejemplo, en Nicaragua estaba permitida la interrupción del embarazo cuando corriera peligro la vida o la salud de la mujer pero esta excepción a la ley fue eliminada en 2006, algo que afianzó las relaciones entre el gobierno y la jerarquía católica y que Jiménez considera hizo que jurídicamente las mujeres ya no sean iguales.

“Logramos avanzar mucho en la lucha contra la violencia, en términos de reformas a leyes. Logramos una ley integral contra la violencia que si bien es cierto lleva poco, de 2012, significó todo un proceso de participación muy activo desde las mujeres. En términos jurídicos era una de las leyes más avanzadas de la región que tenía toda una fuerte estrategia de cambio cultural. Logramos que el femicidio/feminicidio se reconociera no sólo en el campo privado, también que se reconociera el femicidio/feminicidio público”.

Sin embargo, el presidente Daniel Ortega emitió un reglamento de la ley que mutila la norma y recientemente, en agosto pasado, presentó un paquete de reformas urgentes en materia penal donde señala que el feminicidio sólo se va a reconocer cuando el crimen se cometa en contextos de relaciones de pareja, arbitrariedad que en opinión de la activista ya se cometía pero ahora se legaliza.

“Estamos en un contexto donde se ha adecuado el marco jurídico a los intereses de un régimen político que cada día está más alejado de los estándares democráticos, se perfila como el afianzamiento de una nueva dictadura. Aunque no tengan el componente militar que tenía las dictaduras de los 60, 70 pero en términos de seguridad jurídica y de derechos constitucionales hemos retrocedido”, sentenció.

¿DICTADURA PARA TODAS Y TODOS?

Cualquier régimen dictatorial perjudica a todas las personas, explica la abogada.

“Toda la política está impregnada no sólo de misoginia hacia las mujeres al ni siquiera haber una política pública que pueda sancionar adecuadamente la violencia y los femicidios. Hay un discurso permanente dirigido oficialmente desde el gobierno de asumir una posición alejada totalmente de un Estado laico. La manipulación religiosa se hace desde el discurso oficial”.

A principios de septiembre el movimiento de mujeres de Nicaragua se movilizó y se declaró en alerta roja ante 49 casos de feminicidio atroz, caracterizados por cuerpos descuartizados, quemados, decapitados. Fenómeno de odio que, según ha declarado la vicepresidenta, Rosario Murillo, se van a prevenir con una campaña para promover valores con los líderes religiosos.

“Hay un régimen político que promueve el autoritarismo que no reconoce derechos para la población pero que tiene un odio permanente y una descalificación a los derechos de las mujeres en general. Eso también tiene una implicancia en términos de riesgo, de ataques. Es preocupante que casi 50 por ciento de las 202 agresiones que hemos registrados hacia defensoras, los perpetradores son particularmente entes estatales donde destaca la policía nacional”.

La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras documentó entre 2015 y 2017, 202 agresiones contra defensoras, de las cuales 45 por ciento fueron cometidas por autoridades estatales. Según datos de esta articulación, la Policía Nacional es el órgano represor y de vigilancia ilegal más frecuente en 1 de cada 4 agresiones hacia defensoras. Asimismo, personas o grupos cercanos al partido de gobierno han sido perpetradores de la agresión en 1 de cada 3 casos.

“Nosotras creemos que somos una voz que tiene autoridad ante la población, somos un movimiento que hemos defendido históricamente derechos para las mujeres y que creemos que como país merecemos un sistema democrático que garantice derechos para todos”, expone Jiménez sobre su convicción de continuar su trabajo pese a los riesgos.

PERSEGUIDA POR PEDIR LIBERTAD

La abogada tiene alrededor de 25 años trabajando por la igualdad de género en su país. “¿Esto qué ha significado? pues toda una serie de atropellos a mi integridad. Desde 2007, con la llegada de Daniel Ortega al poder, implicó actos de persecución y de criminalización al Movimiento Autónomo y a parte del liderazgo feminista. En esas listas he estado incluida permanentemente”.

Ella ha sido víctima de campañas de desprestigio y calumnias. En 2007 junto con 8 feministas fue acusada de “apología del delito de aborto” porque las agrupaciones donde trabajaban se pronunciaron en contra de la penalización total del aborto en Nicaragua. “Eso me significó a mi y a mis compañeras más de dos, casi tres, años de investigación y de defensa por nuestra parte”. 

Una segunda criminalización fue en 2008 cuando se acusó al Movimiento Autónomo de Mujeres de lavado de dinero, una estrategia de descalificación al movimiento y al feminismo. “Todas hemos sido víctimas de ataques directos durante las movilizaciones, atacadas, con intentos de agresiones físicas, también he vivido actos de persecución política que han trascendido a intentos de querer involucrar o afectar a mis familiares, particularmente a mi hija”.

En el ámbito de su ejercicio profesional, Jiménez Martínez enfrentó una acusación infunda de dos personas que la acusaron de malas prácticas como abogada, el objetivo, dijo, era suspenderla de sus funciones como abogada y notaria pública y pese a ello el frente del que forma parte sigue trabajando para hacer ver las desigualdades y las arbitrariedades de un gobierno que, dice, se parece cada vez más a una dictadura.
“No queremos renunciar a la posibilidad de contar con un país donde podamos convivir sanamente hombres y mujeres y donde podamos seguir avanzado en esa agenda de igualdad por nuestros derechos”.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Triplemente violentadas, niñas víctimas de violencia sexual


Impunidad prevalece para agresores

Las niñas que por una violación sexual presentan un embarazo son triplemente violentadas por el Estado: viven la agresión sexual, se les niega su derecho al aborto y también el acceso a la justicia.

De acuerdo con los censos nacionales sobre Impartición de Justicia de 2015 y 2016, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hubo mil 161 casos de violación cometidos contra menores de edad y solo 274 sentencias por este delito, sin que se tengan datos desagregados por sexo y edad que dimensionen la violencia cometida contra las niñas.

Tampoco se sabe cuántos de los embarazos en niñas son producto de violencia, aunque al menos de 23 mil 543 niñas de 9 a 14 años de edad se convirtieron en madres entre 2015 y 2016, según datos del Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud.
Las niñas víctimas de violación se enfrentan a una serie de obstáculos en el sistema penal para que logren acceder a la justicia. Uno de ellos es la recolección de pruebas ya que por ser delitos que se comenten dentro de los hogares y perpetrados por familiares, en la mayoría de las ocasiones se conoce de la violación hasta que el embarazo es evidente, situación que dificulta comprobar el delito ante la falta de pruebas recientes, detalló la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ofelia Bastida Luna.

Ejemplo de ello es Karla, una niña de 15 años de edad que fue víctima de violación en Puebla. En marzo de 2016, la menor de edad viajó de la capital del país a dicha entidad para visitar a su abuela paterna; durante su estancia allá, su tío la violó.
Al notar que su hija tenía un retraso en su periodo menstrual, su madre la llevó al médico quien constató el embarazo de 8 semanas. Pero ambas no sabían que por ser víctima de violación y presentar un embarazo tenía el derecho a interrumpirlo, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) y la Ley General de Víctimas.
“Esto es una situación generalizada en las niñas y mujeres, la falta de información para el ejercicio de sus Derechos Humanos”, especificó la litigante de GIRE, Ofelia Bastida.
Aunque Karla y su mamá regresaron a Puebla a presentar la denuncia y hacer dos peticiones específicas: el derecho a un aborto y realizar una prueba de ADN para que pudieran vincular a proceso al agresor, las autoridades del MP se negaron argumentando que el aborto por violación está penalizado en Puebla; mientras que la carpeta de investigación quedó en el archivo, pues el peritaje médico determinó que al no existir fluidos, lesiones o desgarres recientes, no existía algún tipo de violencia sexual en contra de Karla, pese a que el peritaje psicológico la constató.
La falta de perspectiva de género para entender en qué tipo de contexto se da esta violencia y la nula sensibilidad de los funcionarios en las instancias de justicia, los lleva a no acreditar una violación con el argumento de que ha pasado tiempo desde la agresión, indicó la defensora de GIRE. 

NIÑAS EXPUESTAS Y RE VICTIMIZADAS

Dilatar las investigaciones propicia que los agresores permanezcan en libertad, comentó la abogada, lo que les permite huir incluso antes de ser citados a declarar y propicia que las niñas queden expuestas a ser violentadas de nuevo.
Así sucedió con Miriam y Andrea, ambas de 12 años de edad. En el caso de Miriam, oriunda del Estado de México, en 2015 presentó un embarazo producto de la violación sexual de su padre.
Cuando Miriam acudió a denunciar, el MP no tomó su declaración de forma correcta. Dos años después de iniciado el proceso la llamaron para volver a declarar. “Por la gravedad de la agresión ella había bloqueado varios detalles, su declaración cambió y las autoridades usaron eso en su contra para no avanzar en la investigación”, recordó la abogada Bastida Luna.
Andrea fue víctima de violación en 2014 en la Ciudad de México también por su padre. Como consecuencia de la agresión presentó un embarazo y pese a su testimonio y las pruebas del delito, el Ministerio Público decidió vincular a proceso al agresor por “corrupción de menores” y no por violación.
Con ello, la sentencia de 25 años de prisión por violación sexual que pudo alcanzar el agresor se redujo a cinco años, la máxima sanción para quien comete el ilícito de corrupción de menores.

NORMA 046 Y LA PROTECCIÓN DE DH

El asesor de políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González, recordó que actualmente todos los Códigos Penales del país establecen la violación como una causal de aborto, pero la ignorancia y estigmas de los funcionarios sobre el tema coartan el derecho a las niñas a continuar con su proyecto de vida.
Resolver los casos de niñas víctimas de violación debería ser prioridad por el principio del “interés superior de la niñez” protegido por normativas como la Ley General de Víctimas que obligan a las autoridades a ponderar las acciones que garanticen el desarrollo integral y una vida digna a las menores de edad, recordó.
González Hernández agregó que no importan las restricciones que establecen las leyes penales, la NOM 046 debe implementarse por ser obligatoria en todo el territorio.
“Es la falta de comprensión y desconocimiento de lo que establece nuestro marco normativo, no hay razón para interponer lo que dice el Código Penal local a lo que dice la Norma 046 , el instrumento que debe aplicarse es el que más favorezca los Derechos Humanos, este debería ser el centro del actuar del Estado”, subrayó.
El reto, concluyó el especialista en políticas públicas de salud, es terminar con los patrones de resistencia para aplicar y conocer las normativas sobre los DH de las mujeres, y sobre todo, el Estado debe generar estrategias integrales que reconozcan las necesidades primordiales de las niñas víctimas de violación.
Mientras continúen minimizándose los delitos de violación contra niñas, se impedirá la sanción a los agresores y los casos continuarán en la impunidad, advierten las personas especialistas.

CIMACFoto: César Martínez López 
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Mujeres, las otras víctimas del narco


J. Jesús Lemus

Además de las miles de muertes que ha dejado la Guerra contra el Narco en México, la CNDH ha reportado que la mayoría de las más de 73 mil presas en cárceles mexicanas sufrieron abuso y violencia por parte de las fuerzas federales, antes de ser recluidas

Entre los daños que ha dejado la Guerra contra el Narco, que emprende el Estado mexicano desde hace casi 11 años, resalta la violencia a la que se ha sometido a las mujeres, uno de los sectores más vulnerables y que se le ha tratado, por parte de las fuerzas federales, con igual o mayor brutalidad que a los hombres.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hasta el último recuento de la población penitenciaria realizado en mayo del 2016, en las prisiones mexicanas estaban recluidas 216 mil 831 personas, de la que 73 mil 392 eran mujeres, que en su mayoría sufrieron violencia y abusos por parte de las fuerzas federales, antes de ser recluidas.
El informe “Sobrevivir a la Muerte, Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México” de Amnistía Internacional, revela que la violencia sexual es una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio.
Es común que las mujeres sean detenidas durante arrestos colectivos y a su vez acusadas de delitos graves, bajo el argumento de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas imputaciones.
“La tortura, el abuso, la violación sexual y hasta el asesinato, son los mecanismos que utilizan las fuerzas del Estado para incriminar a las mujeres en actos delictivos”, dijo la criminóloga Samantha Valle, quien consideró que este sector es utilizado para aumentar las cifras de detenciones, y así las fuerzas federales demuestran que la lucha contra la delincuencia está dando resultados.
Entre las prácticas más comunes a las que se ven sometidas las mujeres incriminadas en actos delictivos, señala Amnistía Internacional, destacan “amenazas de violación, manoseo de los pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, con los dedos, con armas de fuego y con el pene”.
Otros casos de tortura que se han documentado, por la CNDH y Amnistía Internacional, son las que tienen que ver con golpes en el estómago, la cabeza y los oídos, así como con semiasfixia y descargas eléctricas en los genitales.
Amnistía Internacional revela que la violencia sexual hacia la mujer es una práctica habitual durante su arresto e interrogatorio
En el 70 por ciento de los casos de aprehensiones de mujeres, éstas han referido la aplicación de tortura por parte de sus captores antes de ser presentadas ante el agente del Ministerio Público, y en un 28 por ciento existe la referencia de tortura estando ya a disposición de la autoridad investigadora, según una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Amnistía Internacional ha emitido una serie de recomendaciones al Gobierno federal, sin ninguna respuesta alentadora, para que cese la violencia y tortura contra las mujeres en México.
“Ordenar que se retire de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública (…); reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, recomendó.
70 Por ciento de los casos de aprehensiones de mujeres han referido la aplicación de tortura antes de ser presentadas ante el MP 1,651 Carpetas de casos de mujeres que sufrieron tortura abrió la PGR en 2016
Violaciones que no se investigan
Sólo en el 2016, la PGR abrió carpetas de investigación de tortura en mil 651 casos de mujeres, luego de ser denunciada por las víctimas o sus familiares.
La cifra es notoriamente mínima si se considera que en al menos 71 mil 915 casos de mujeres recluidas hasta el 2016 había una manifestación de ese tipo.
De 100 casos de mujeres recluidas, que documentó Amnistía Internacional en prisiones mexicanas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en el momento del arresto o en las horas siguientes, pero todas señalaron algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico, incluidas amenazas e insultos misóginos y sexualizados.
Esta misma organización reconoce que la respuesta de la autoridad federal a estas violaciones de derechos humanos “ha sido sumamente desalentadora”, toda vez que la tortura y otros malos tratos continúan, y sus autores gozan de una impunidad casi absoluta, pese a mecanismos establecidos por el gobierno.
“La tortura, el abuso, la violación sexual y hasta el asesinato, son los mecanismos que utilizan las fuerzas del Estado para incriminar a las mujeres en actos delictivos”
- Samantha Valle
Criminóloga
Víctimas de la guerra contra el narcotráfico
Se estima que durante la Guerra Contra el Narco las mujeres también han aportado una importante cantidad de víctimas, muchas de ellas inocentes, en la estadística oficial de decesos que registra el Gobierno federal.
Para la criminóloga Samantha Valle, del Consorcio Transdisciplinario de Investigación Secarsos A.C., el número de mujeres asesinadas durante este periodo de violencia en el país podría representar más del 32 por ciento del total que se registran a nivel nacional.
En lo que va del periodo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya son 73 mil 360 los homicidios dolosos que se han registrado hasta julio pasado, en donde se estima, de acuerdo a la criminóloga Samantha Valle, que al menos 23 mil 435 de esas víctimas serían mujeres.
Aun cuando la instancia oficial, principalmente los gobiernos estatales, intentan frenar la tendencia al alza de las muertes violentas de mujeres a través de la declaratoria de Alerta de Género, esto no ha servido de mucho, señala Samantha Valle.
“De nada sirve la declaratoria si no hay una política eficiente que garantice la seguridad de las mujeres”, considera.
A la fecha ya son 14 los estados del país en donde los gobiernos locales han emitido la Alerta de Género, justo en donde con mayor intensidad se registra el combate oficial a los cárteles de las drogas.
“Lo que revela que el incremento en la muerte de mujeres que se registra en el país está directamente ligado a la Guerra Contra el Narcotráfico”, dijo la investigadora.
Para la criminóloga Samantha Valle, el número de mujeres asesinadas representaría más del 32 por ciento del total registrado a nivel nacional

¿Por qué se opone Silicon Valley a una ley contra la explotación sexual?


The Guardian / El Diario (España)

El Gobierno quiere cambiar las normas que permiten a las páginas web evadir la responsabilidad por los anuncios que alojan

La denuncia fue presentada en el puesto de la Guardia Civil en Mogán.
Polémica alrededor de una nueva propuesta de ley para hacer responsables a páginas web de anuncios como Backpage de los contenidos publicados por sus usuarios
La empresa Oracle, que ofrece servicios en la nube, es una de las pocas empresas tecnológicas en respaldar un proyecto de ley del Senado para combatir la explotación sexual en Internet.
La Stop Enabling Sex Traffickers Act de 2017 (ley de detención de la trata de personas con fines sexuales) modificaría la Sección 230 de la Communications Decency Act (ley de decencia en los medios de comunicación, o CDA, por sus siglas en inglés) para hacer responsables a las páginas web que publiquen información “diseñada para facilitar la explotación sexual”. Hasta ahora, la Sección 230 de la CDA protegía a las empresas de Internet de cualquier responsabilidad penal basada en la conducta del usuario.
Presentado por el senador republicano Rob Portman, de Ohio, y el demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, el proyecto legislativo se ha convertido inesperadamente en el centro de un debate sobre libertad de expresión. La mayoría de las tecnológicas, entre ellas Google, está presionando para que no llegue a convertirse en ley.
El proyecto surge de una investigación de dos años del subcomité de seguridad nacional sobre los anuncios clasificados de la web Backpage.com. Según el informe de la investigación, Backpage.com facilitó a sabiendas la explotación sexual de niños en la sección “adultos” de su página web. Lo hizo modificando el texto de los anuncios para borrar palabras como “violación”, “alerta AMBER”, “niña”, y “lolita” antes de publicarlos para así ocultar las verdaderas intenciones del anuncio. Backpage.com no quitó esos anuncios ni los denunció ante las autoridades.
“Si llega a promulgarse, la ley establecerá cierto grado de responsabilidad para los que venden espacios de publicidad interesadamente, pero no están listos para ayudar en la lucha contra la explotación sexual”, escribió Kenneth Glueck, vicepresidente de Oracle, en una carta a Portman y Blumenthal.
En un artículo de opinión publicado el jueves, Portman citó cifras del Centro Nacional para  Menores Desaparecidos y Explotados: el CyberTipline, como llaman al canal que tienen abierto para denuncias cibernéticas, mostró un aumento del 846% entre 2010 y 2015 para las denuncias de explotación sexual de niños. Según ese Centro, el sitio Backpage.com representa el 73% de las denuncias de tráfico de niños hechas por los internautas.
“Increíblemente, las leyes federales protegieron sus prácticas comerciales inescrupulosas”, escribió Portman.
Según Portman, las protecciones a empresas previstas por la CDA “no fueron previstas para ser aplicadas, y no deberían ser aplicadas, en casos de empresas que de manera cómplice facilitan la explotación sexual. Es hora de que esta ley de 21 años de antigüedad se ponga al día con el siglo XXI”.
Empresas responsables
La industria tecnológica y algunos defensores de la libertad de expresión dicen que la ley contra la explotación sexual allana el camino para hacer responsables a las empresas, de una manera amplia y excesiva, por el contenido generado por los usuarios.
En un correo electrónico al que tuvo acceso the Guardian, el consejero de políticas públicas de Google, Stewart Jeffries, describió el proyecto como una “legislación controvertida” que socava “uno de los estatutos fundamentales para Internet”, en referencia a la Sección 230 de la CDA. Jeffries también señaló la labor de Google en la lucha contra la trata de personas, en la que se incluye impedir a sitios como Backpage.com que hagan publicidad, y crear una herramienta, Thorn, que escanea anuncios para detectar posibles víctimas infantiles, desarrollada por sus ingenieros para la organización benéfica dedicada a la lucha contra la explotación.
El grupo Internet Association, que representa a gigantes de Silicon Valley como Google, Amazon, Facebook y Twitter, firmó una carta junto a otras patronales dirigida a Portman y Blumenthal. Argumentaban que, mientras que “personajes aislados” como Backpage.com deberían hacerse responsables, la ley de tráfico sexual “socavaría gravemente una protección fundamental para las empresas de Internet legítimas y sería contraproducente para los esfuerzos de esas empresas en la lucha contra los delitos de trata”.
“La Sección 230 de la CDA es la protección legal fundamental de los servicios en línea”, decía la carta. “Sin esta protección, esos proveedores de servicios se verán forzados a pecar de cautelosos y quitar el contenido generado por los usuarios o afrontar una responsabilidad insostenible por el contenido de los usuarios que terminaría dañando a la creación de servicios en línea legítimamente diversos”.
El portavoz del senador Portman, Kevin Smith, dijo a the Guardian que las peticiones de las tecnológicas eran “absurdos e irrisorios”. “Hicimos las debidas comprobaciones, nos reunimos con las tecnológicas durante meses pero no nos ofrecieron ninguna respuesta constructiva”, dijo. “Es triste que se opongan a una ley de dos páginas para ayudar a impedir la explotación sexual en Internet de mujeres y niños”.
Para la directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, Taina Bien-Aimé, “no se trata de un tema de libertad de expresión sino de un asunto penal”. “Internet se ha convertido en una herramienta fácil de usar, casi sin riesgo y con grandes ganancias para la actividad ilegal de compra y venta de mujeres jóvenes en estado de vulnerabilidad”.
Debido a las protecciones que establece la Sección 230, se han rechazado varias de las demandas que víctimas de la explotación sexual presentaron contra Backpage.com.
El nuevo proyecto de ley tiene 28 copatrocinadores en el Congreso, tanto de izquierda como de derecha, una poco habitual demostración de consenso en Washington.
El mes pasado, unos 50 fiscales de distrito y de otros territorios de EEUU firmaron unacarta respaldando la campaña para modificar la CDA de manera que permita enjuiciar a las empresas que avalen, faciliten o asistan la explotación sexual en Internet.
En los últimos días, el apoyo para el proyecto de ley se intensificó: figuras públicas como la cómica Amy Schumer y la exembajadora de la ONU Samantha Power pidieron a la gente que respalde el proyecto.
Una persona cercana a la discusión entre las tecnológicas y los patrocinadores del proyecto en Washington dijo que la pelea era, en algunos aspectos, una demostración de la creciente importancia de Silicon Valley.
“Hay una cierta dosis de arrogancia en este asunto, donde muchos miembros de la comunidad tecnológica se creen intocables”, dijo. “Su cuenta de resultados es más importante que cualquier otra cosa, incluso más que los intentos lógicos para controlar la explotación sexual en Internet”.
Traducido por Francisco de Zarate

Promulgan en Chile ley que despenaliza el aborto


Entrará en vigor en diciembre
   
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la ley que regula el aborto por tres causales, durante una ceremonia efectuada en la sede del gobierno, el Palacio de la Moneda, el pasado 14 de septiembre, con lo que da inicio el plazo para que el Ministerio de Salud elabore el protocolo que determine cómo se aplicará en las instancias de salud y la legislación pueda entrar en vigor.

La ley entrará en vigor hasta diciembre, una vez que el protocolo esté terminado, y permitirá a las mujeres acceder al aborto por 3 causales: cuando esté en riesgo su vida, si las condiciones del feto son incompatibles con la vida y si el embarazo fue producto de una violación.

Con esto concluye el proceso que inició en enero de 2015 cuando la titular del Ejecutivo presentó ante el Congreso chileno el proyecto de ley, el cual fue cuestionado por fracciones parlamentarias como la de Chile Vamos, que en agosto de este año presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) chileno, instancia que declaró constitucional la iniciativa.

Al despenalizar el aborto, mencionó Bachelet durante la ceremonia de promulgación, el Estado salda “una deuda enorme con las mujeres de Chile” ya que sancionarlo por cualquier causal (como se hacía desde 1931) representó “un incumplimiento en materia de respeto a los Derechos Humanos, porque ponía en riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las mujeres”, afirmó.

Tras el anuncio de Michelle Bachelet, Chile deja de ser parte de los países latinoamericanos que como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Honduras, penalizan el aborto por cualquier causa. Cabe recordar que tan solo en 2015 la organización Amnistía Internacional- Chile estimaba que al año se practicaban, en promedio, 160 mil abortos, la mayor parte de forma insegura.

Por su parte las organizaciones civiles como las integrantes de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, se pronunciaron a través de un comunicado y destacaron que si bien al legalizar el aborto por tres causales “se avanza en la protección de la dignidad y derechos de las mujeres y las niñas”, en chile las mujeres aún no pueden “ejercer con plenitud” sus derechos sexuales y reproductivos toda vez que siguen sin poder interrumpir embarazos solo por voluntad.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

9/20/2017

Nota: Terremoto en Mexico

NOTA:

Debido al terremoto en Mexico, este Blog estara unos dias sin actualizarse hasta que se normalice la situacion.


gracias por seguirnos

Tiempo de Mujeres


 

El género de Jenaro


Lenguantes
Por: Cynthia Híjar Juárez*
   
El día de ayer, domingo 17 de septiembre, miles de mujeres acudimos a una manifestación nacional, convocadas por el dolor de saber que, una vez más, México feminicida le arrebató la vida a una mujer de manera espantosa.
Ella es Mara, el nombre que tocó profundamente nuestras heridas abiertas, las llagas que no cicatrizan nunca, el dolor de sabernos en un país donde diariamente hombres de todas las edades, etnias y clases sociales asesinan, violan, esclavizan y desaparecen a niñas y mujeres. Y concuerdo con el escozor de quien se escandalice y exclame “¡no todos los hombres!” porque es terrible aceptarlo, pero es verdad: a pesar de que el mundo insista en que no todos los hombres son iguales, nosotras aprendemos de la forma más violenta, todos los días, que sí: todas las mujeres hemos sido agredidas por hombres.
Dicho esto, pregunto a usted, lectora consciente y empática: ¿no cree que sea normal que muchas mujeres deseemos compartir nuestros espacios sólo con otras mujeres, al menos los espacios políticos, de activismo, autocuidado o recreación? ¿le parece una medida extrema o violenta el querer evitar sorpresas, acosos, incomodidades, violaciones o feminicidios? ¿le parece una medida fascista decidir con quién queremos estar? Usted y yo sabemos que no, que estamos hablando de nuestro derecho a decir que no.
Las marchas feministas en México se convocan por una red organizada de mujeres que trabajamos todos los días con y para otras mujeres. Mujeres que, a pesar de nuestros debates y diferencias, estamos dispuestas a hacer una pausa en nuestra vida si sabemos que otra necesita nuestro apoyo.
Desde hace muchas marchas hemos hecho un consenso acerca de los contingentes que encabezan nuestras manifestaciones: separatistas y libres de potenciales agresores. Quien quiera marchar con hombres, puede hacerlo en los contingentes mixtos que van en la parte de atrás. Los periodistas varones pueden documentar desde fuera del contingente separatista y en los contingentes mixtos. Sencillo y clarísimo para cualquiera que se quiera enterar de la organización.
Lo que sucede con las marchas feministas, como pasó el #24A de 2016 y el día de ayer, es muy claro: las marchas feministas convocan lo más profundo del odio y los miedos misóginos porque nadie quiere ver a un grupo de mujeres que se defienden y se auto-enuncian. La sociedad mexicana, feminicida por excelencia, no soporta saber que el cuerpo de las mujeres y su devenir colectivo como cuerpo político del feminismo: una marcha de mujeres, decide por sí misma.
Es decir: la exigencia de que aceptemos marchar con hombres en toda la marcha (al frente, a los lados, atrás) no se refiere a que incluyamos o no hombres, sino a que no decidamos por nosotras mismas. Y esto, sinceramente, nosotras ya lo sabemos pero de ninguna manera nos vamos a retractar: después de tanto trabajo que se ha visto sometido al escarnio una y otra vez por una sociedad que se asusta más por los feminismos separatistas que por el feminicidio, es lógico que tengamos claro que nuestras medidas de seguridad son necesarias.
Si hasta este punto de la lectura usted se siente enojada, permítame hacer un parangón: exigirle a otra compañera que marche con quien no quiere es como decirle a una niña que sonría y dé las gracias cada vez que el señor de la tienda le dice que está muy bonita. Si no sonríes, si no agradeces y no te muestras amable, eres una maleducada. Qué importa si el comentario del señor, su acoso sexual, es inapropiado, qué importa si te incomoda, qué importa si no le preguntaste qué opinaba sobre ti. Tienes que agradecer y ser linda para que cuando crezcas, no corras al hombre que se autoproclama tu aliado pero no ha hecho lo mínimo por enterarse de qué va tu petición.
Los aliados van atrás, era claro. Si Jenaro Villamil fuese nuestro aliado, ¿no debería comenzar por enterarse de cuáles son nuestras medidas de seguridad en la marcha? Sí, quizás en su escala de valores –patriarcal- somos unas maleducadas que no le sonreímos al hostigamiento de un varón, pero tenemos claro que el género de Jenaro le impide darse cuenta de esto, de la misma manera que a todas las personas que lo defienden de este “puñado de feministas radicales” que sin embargo, son quienes convocaron la marcha, quienes acompañan todos los días a otras mujeres, quienes trabajan en crear una vida mejor para las mujeres que vienen.
¿A qué me refiero, entonces, con el género de Jenaro? Es claro que no sólo los hombres pueden ser machistas, y ha sido muy claro en este debate, que hay mujeres dispuestas a atacar a otras mujeres para defender a hombres como él de una simple petición de seguridad (los aliados van atrás). Pues bien, me refiero a lo que he dicho desde el principio de este texto: un hombre es siempre un potencial agresor en las marchas de mujeres, aún cuando tenga la mejor intención de ser un aliado.
En el caso de Jenaro, su presencia en el contingente separatista devino agresión por no respetar, en primer lugar, los acuerdos de la marcha: los aliados van atrás (lo escribo tantas veces como sea necesario para dejar claro que ninguna marcha pretende excluir hombres sino respetar la decisión de las mujeres de marchar libres de agresiones). El hecho de presentarse en una manifestación organizada por quienes enuncian su lugar en el mundo y querer hacer lo que se te dé la gana desde un privilegio, es una agresión.
Aquí me imagino a una mujer blanca queriendo tomar el micrófono de forma violenta en una manifestación zapatista ¿se imagina usted, estimada lectora, la reacción de la sociedad? Imaginemos ahora un militar, como mencionaba en sus redes sociales la politóloga Beatriz Quesadas, tomando el protagónico en la marcha por los 43 de Ayotzinapa para decir que “no todos los militares son iguales”, “no todos los militares desaparecen estudiantes”.
Ahora imagíneme a mí peleando con los veteranos del 2 de octubre diciéndoles que me agarren del brazo para la valla humana. Que tengo derecho a estar ahí porque no se me da la gana marchar atrás como toda la gente. ¿Qué dirían los tweets? ¿Alguien les diría fascistas por no aceptar que alguien que no comparte el lugar de enunciación quiera protagonizar una marcha, nada más para decir que es una buena aliada? Yo lo dudo.
El papel de los hombres que quieren forzosamente estar en los contingentes separatistas es violento porque además de generar tensión y una sensación de acoso dentro de nuestros espacios, también incendian a toda la misoginia mexicana para decir que las feministas somos las culpables de que México no avance, de que haya feminicidios, de que las cosas no mejoren. Vaya, una creería que los culpables son los feminicidas, pero según las tendencias en redes sociales, no. Según su forma –patriarcal- de ver la vida, somos las feministas las que tenemos la culpa.
Ahora bien, si usted no entendió todo lo que en este y otros textos se expone, vamos a ponerlo más fácil. Cada vez que quiera meterse a la cama de una compañera, cada vez que desee tocar a una mujer, cada vez que sienta la necesidad de dar una opinión que no fue solicitada, cada vez que quiera exigirle a otra mujer que haga algo que ella no quiere con un hombre, ya sea marchar, hablar o sonreír, por favor, recuerde: NO es NO.
*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

9/19/2017

Paquete Económico 2018: reduce gasto social, especialmente Salud

Monedero

Por: Carmen R. Ponce Meléndez*


Más de lo mismo dicen los medios cuando opinan del paquete económico 2018 que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el pasado 8 de septiembre, con el fin de que sea discutido y aprobado.

Una revisión de las cifras contenidas en los criterios generales de política económica y del discurso confirman que no habrá crecimiento económico y esa retórica “ de los beneficios de las reformas estructurales” está muy gastada, la evidencia es justamente lo contrario, no hay tales “beneficios”.

Sin crecimiento económico por tantos años, o uno insuficiente (2.6 por ciento del PIB), sin inversión, las necesidades sociales seguirán  insatisfechas para la gran mayoría de la población, como sucede actualmente, hay una gran desigualdad con pobreza y no hay una respuesta del Gobierno.


Como bien dice el Maestro Manuel Gil Antón, de El Colegio de México: “me gustaría tener pasaporte para ir al país que dibuja el señor Presidente en sus discursos” –en este caso en su política económica planteada por Hacienda-. Ese país también se llama México pero no es el que todos conocemos y padecemos.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CIFRAS DEL PROYECTO DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA 2017?

Un crecimiento del PIB de 2.0 a 2.6 en este año y 2.0 a 3.0 por ciento en 2018, es decir, seguir estancados. Inflación del 3.0, cabe señalar que actualmente rebasa el 6.0 por ciento. ¿Cómo la van a bajar al 3.0? quién sabe, pero resulta poco creíble.

El tipo de cambio se estima en 18.2 pesos por dólar. Contempla un precio promedio anual para la mezcla mexicana petrolera de exportación de 46 dólares por barril y una plataforma de producción de un millón 983 mil barriles diarios.
Los ingresos del próximo año serán por 4.7 billones de pesos, un aumento de 3.6 por ciento respecto a la cifra aprobada para 2017, apoyados principalmente por la recaudación tributaria. En tanto, los egresos serían por 5.2 billones de pesos.

¿CÓMO SE PROYECTA EL GASTO PÚBLICO EN LAS DEPENDENCIAS?

Se destinan más recursos a la seguridad nacional. Las Secretarías que más verán incrementar su presupuesto serán la de Marina, con 13.4 por ciento más, equivalente a 3 mil 700 millones de pesos; y la de la Defensa Nacional, que obtendrá 8 mil 300 millones más que lo aprobado en 2017, un incremento de 11.4 por ciento.

En contraste, el gasto social (Educación, Salud y Desarrollo Social) se reduce en 9.7 por ciento, respecto al de este año. Para variar el recorte más alto está en Salud (-4.5) y es criminal, porque están jugando con la vida y salud de millones de personas, muy en particular de las mujeres. Ya sea las que cuentan con seguridad social o las que carecen de este beneficio y que son la mayoría, desgraciadamente.

Además hay otros recortes igual de negativos por su impacto en la población y en el desarrollo del país. Es el caso de las reducciones el gasto destinado a Cultura y Conacyt, 30.7 y 23.3 por ciento, respectivamente en este año. Para 2018 también se reduce su presupuesto, ahora en 4.7 para Conacyt y 10.0 por ciento en Cultura.

Francamente un gobierno que decide fortalecer el gasto militar y reducir el destinado a cultura deja mucho que desear, por decir lo menos. Este proyecto de presupuesto se parece mucho al que planteó recientemente Trump en Estados Unidos.

El caso de Conacyt es muy grave, es el segundo año que le reducen su presupuesto y se trata nada más y nada menos que del posible desarrollo científico y tecnológico del país, que tanta falta hace; de la formación de recursos humanos altamente capacitados para la innovación tecnológica, que le permita al país competir internacionalmente y dejar de ser un país maquilador, como lo es actualmente, cuyo único valor agregado es la mano de obra barata y descalificada.

Para rematar este cuadro resulta que la inversión física ha tenido una caída de 5.9 por ciento en el período 2016-2010. En 2016 era 3.8 del PIB y para 2017 el proyecto es reducirla a 2.7 por ciento del PIB, ¿de qué se trata? Para 2018 se estima que la inversión física sea 2.5 por ciento del PIB, menor al monto actual.
En el largo plazo (2017-2011) la intención es reducirla en 28.0 puntos porcentuales. Hasta la iniciativa privada protesta por estos montos de los cuales ellos dependen mucho.

Cada vez menos inversión, por tanto menos crecimiento –la inversión privada es insuficiente-, menos empleos y claro seguir estancados, dependiento de la inversión extranjera como hasta ahora. Más de lo mismo.

Pero no está dicha la última palabra, falta la intervención de los diputados que arreglen medianamente estos entuertos, claro no van a cambiar la orientación rígida y ortodoxa de la política neoliberal, ellos forman parte de ese proyecto.

Lo que sí pueden lograr (si se lo proponen) es aumentar el gasto social y el de Conacyt, también el de cultura. Que la reducción de gasto en Salud no sea tan alta, de hecho necesitan un incremento en su gasto. Lo ideal es que lograran un crecimiento en el gasto de inversión ¿Será mucho pedir?   

* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
 Especial Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Las noticias de CIMAC



Montserrat Antúnez Estrada y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- Las niñas que por una violación sexual presentan un embarazo son triplemente violentadas por el Estado: viven la agresión sexual, se les niega su derecho al aborto y también el acceso a la justicia.

De acuerdo con los censos nacionales sobre Impartición de Justicia de 2015 y 2016, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hubo mil 161 casos de violación cometidos contra menores de edad y solo 274 sentencias por este delito, sin que se tengan datos desagregados por sexo y edad que dimensionen la violencia cometida contra las niñas.

Tampoco se sabe cuántos de los embarazos en niñas son producto de violencia, aunque al menos de 23 mil 543 niñas de 9 a 14 años de edad se convirtieron en madres entre 2015 y 2016, según datos del Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud.

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- En demanda por justicia para Mara Fernanda Castilla Miranda, joven desaparecida el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Cholula, Puebla, tras abordar un servicio de taxi y ser encontrada asesinada siete días después en una barranca en San Miguel Xonacatepec en los límites de Tlaxcala, mujeres de seis estados se manifestaron en las calles este fin de semana para exigir un alto al feminicidio en el país.

El 8 de septiembre Mara Castilla abordó un taxi de la empresa privada Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para llegar a su domicilio, sin embargo, la joven nunca llegó por lo que su familia presentó una denuncia por su desaparición (carpeta de investigación 14652/2017/ZC).

El chofer se presentó a declarar ante la Fiscalía y dijo que dio el servicio a la joven, quien había solicitado bajar en un punto cercano a su domicilio, pero las cámaras de seguridad constataron que la joven de 19 años de edad nunca bajo de la unidad de transporte.


 Lucía Lagunes Huerta* Cimacnoticias | Ciudad de México.- Tras el feminicidio de Mara Castilla, la pregunta vuelve a rondar una y otra vez ¿por qué los hombres asesinan a las mujeres? Y la respuesta es sencilla, porque pueden.

Y cuando hablo de que pueden no me refiero a la fuerza física, me refiero a que históricamente han construido un sistema que les permite violentar a las mujeres, incluso asesinarlas, como un privilegio de poder masculino.

¿Por qué nos matan? porque la vida de las mujeres no les importa. Ni la vida, ni la integridad. No les importa ni la edad, ni la apariencia física; y no les importa porque han aprendido que la vida de las mujeres no importa, porque nada de lo femenino tiene valía en esta sociedad profundamente patriarcal.

Porque antes de asesinar a una mujer aprendieron a devaluar todo lo femenino “porque el que llega al último es vieja”; “porque llorar es de viejas”; “porque el que pega suave, pega como vieja”… y un largo etcétera.




Cynthia Híjar Juárez* Cimacnoticias | Ciudad de México.- El día de ayer, domingo 17 de septiembre, miles de mujeres acudimos a una manifestación nacional, convocadas por el dolor de saber que, una vez más, México feminicida le arrebató la vida a una mujer de manera espantosa.

Ella es Mara, el nombre que tocó profundamente nuestras heridas abiertas, las llagas que no cicatrizan nunca, el dolor de sabernos en un país donde diariamente hombres de todas las edades, etnias y clases sociales asesinan, violan, esclavizan y desaparecen a niñas y mujeres. Y concuerdo con el escozor de quien se escandalice y exclame “¡no todos los hombres!” porque es terrible aceptarlo, pero es verdad: a pesar de que el mundo insista en que no todos los hombres son iguales, nosotras aprendemos de la forma más violenta, todos los días, que sí: todas las mujeres hemos sido agredidas por hombres.

Dicho esto, pregunto a usted, lectora consciente y empática: ¿no cree que sea normal que muchas mujeres deseemos compartir nuestros espacios sólo con otras mujeres, al menos los espacios políticos, de activismo, autocuidado o recreación? ¿le parece una medida extrema o violenta el querer evitar sorpresas, acosos, incomodidades, violaciones o feminicidios? ¿le parece una medida fascista decidir con quién queremos estar? Usted y yo sabemos que no, que estamos hablando de nuestro derecho a decir que no.


Carmen R. Ponce Meléndez* Cimacnoticias | Ciudad de México.-Más de lo mismo dicen los medios cuando opinan del paquete económico 2018 que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el pasado 8 de septiembre, con el fin de que sea discutido y aprobado.

Una revisión de las cifras contenidas en los criterios generales de política económica y del discurso confirman que no habrá crecimiento económico y esa retórica “ de los beneficios de las reformas estructurales” está muy gastada, la evidencia es justamente lo contrario, no hay tales “beneficios”.

Sin crecimiento económico por tantos años, o uno insuficiente (2.6 por ciento del PIB), sin inversión, las necesidades sociales seguirán  insatisfechas para la gran mayoría de la población, como sucede actualmente, hay una gran desigualdad con pobreza y no hay una respuesta del Gobierno.


Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- “En contextos autoritarios vale la pena seguir batallando, ya no sólo por mis propios derechos, tengo una hija y una nieta. Creo que después de tanto que se ha batallado en Nicaragua, por la democracia y por la igualdad para las mujeres, vale la pena seguir dando batalla. El feminismo como apuesta política es válida. Y detrás del feminismo están las grandes revoluciones que nosotros queremos para nuestra sociedad”.

Son palabras de Juana Antonia Jiménez Martínez, una de las simpatizantes de la Revolución Sandinista de Nicaragua durante la década de los años 70 cuando se enamoró, como ella dice, de la lucha por los derechos y la justicia, dos causas que sigue defendiendo pero ahora como abogada e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de su país. 

La mujer que de joven buscaba reivindicar un modelo de justica social ahora es la adulta que representa víctimas de violencia de género. “El feminismo me encontró posterior a la revolución, reivindicando una agenda para las mujeres. Siempre he dicho que mi apuesta y mi convicción revolucionaria es de cambios sociales estructurales” afirmó en entrevista con Cimacnoticias durante su más reciente visita a México.

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó la ley que regula el aborto por tres causales, durante una ceremonia efectuada en la sede del gobierno, el Palacio de la Moneda, el pasado 14 de septiembre, con lo que da inicio el plazo para que el Ministerio de Salud elabore el protocolo que determine cómo se aplicará en las instancias de salud y la legislación pueda entrar en vigor.

La ley entrará en vigor hasta diciembre, una vez que el protocolo esté terminado, y permitirá a las mujeres acceder al aborto por 3 causales: cuando esté en riesgo su vida, si las condiciones del feto son incompatibles con la vida y si el embarazo fue producto de una violación.

Con esto concluye el proceso que inició en enero de 2015 cuando la titular del Ejecutivo presentó ante el Congreso chileno el proyecto de ley, el cual fue cuestionado por fracciones parlamentarias como la de Chile Vamos, que en agosto de este año presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) chileno, instancia que declaró constitucional la iniciativa.