1/18/2017

El poder jamás se entregará por las buenas; hay que quitárselo a la burguesía



Pedro Echeverría V.
1. ¡Que chistoso! Yo iba a exigir que se obligue al presidente de la República, a la Suprema Corte, al Instituto Electoral, a los gobernadores, senadores y diputados, a reducir su salario en 50 por ciento porque sus salarios son insultantemente altos, pues van de 500 mil pesos a 300 mil cada mes; pero me he sobresaltado después de leer que un diputado perredista –un tal José Atila Morales de Tabasco- dijo en video que no renunciará a los 5 mil pesos mensuales que le piden, pues significaría dejar de ‘cascarear’ a reporteros.
2. “Si me obligan, dijo entonces creo que también lo que va a pasar, que ya a los periodistas, nosotros, lo que les estábamos dando dinero, se lo vamos a suspender”. ¿Por qué motivo?, preguntó el reportero, “Porque eso lo vamos a agarrar para la gasolina de nosotros”. “Porque nosotros si nos quedamos sin gasolina, entonces tendremos que los recursos que a ustedes les dábamos, se los vamos a tener que quitar (…)”. Es decir, de alrededor de 250 mil pesos que cobra dada mes, al diputado le duele le duele disponer de cinco mil pesos.
3. ¿Para cuántos periodistas usted eroga recursos? –le preguntó un comunicador. –Pues casi como a 20 periodistas –respondió. ¿De qué medios? “De todos los medios, a todos los medios se les da. Pasan uno atrás de otro, uno atrás de otro y a todos se les da. No se les da mucho, pero de a 250 hasta 300 pesos, yo casi erogo más 6 mil pesos mensuales”, confesó. Es decir, ante la gran crisis ocasionada por el gasolinazo, la tremenda inflación y carestía, esos funestos funcionarios no están dispuestos a desprenderse de nada.
4. Sólo hay que ver y pensar: esos altos funcionarios obtienen entre 500 mil y 300 mil pesos al mes y el salario mínimo de los trabajadores es de 80 pesos diarios (el dólar está a 22 pesos) o de 240 pesos al mes. Por eso esos malditos y corruptos funcionarios de gobierno –antes de que se les exija ceder el 50 por ciento de sus salarios- prefieren de inmediato renunciar a sus vales de gasolina, al pago de sus celulares, a su servicio México especial, a viajar de lujo en avión. Son políticos despreciables sin llenadera.
5. Espero que Morena siga poniendo el ejemplo y difunda con amplitud que sólo cobra un 50 por ciento de su salario porque el resto lo entrega por obligación a gastos educativos de sus escuelas. Mientras tanto el “pobre diputado” Atila seguramente no tendrá para comer mañana. Pero lo que debe quedar claro es que a estos pinches políticos y gobernantes si no se les obliga –mediante el movimiento de masas- a hacer las cosas, por propia conciencia y solidaridad no lo harán. Por ello hay que obligarlos y castigarlos. (15/I/17)
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Las vacaciones de Peña - Proceso


José Gil Olmos
 (apro).- La procrastinación es un hábito muy recurrente en la residencia oficial de Los Pinos. A Enrique Peña Nieto, por ejemplo, le gusta irse de fin de semana a la playa o a jugar golf, mientras que los asuntos importantes los posterga cada vez que puede o, en todo caso, se los deja a su equipo cercano para después tomar él las decisiones.
El 28 de diciembre, su gobierno anunció el aumento de la gasolina que ha generado expresiones de enojo social en todo el país, las cuales no han parado como tal vez pensaban en el equipo presidencial, estimando que durarían unos cuantos días o un par de semanas.
Ese día, Peña pasaba unas confortables vacaciones en el puerto de Mazatlán, jugando golf, paseando por las playas y consumiendo viandas dignas de la nobleza, como acostumbra la clase política mexicana.
Así, mientras tomaba el palo de golf con firmeza para mandar con un swing perfecto la bola a algunos de los hoyos, esperando que la fuerza y el arrastre estuvieran a su favor, quizá pensó que la decisión de aumentar el precio de la gasolina tendría el mismo comportamiento y causaría solo una reacción en contra pasajera, como el viento que a veces detiene la esfera blanca rumbo a su destino.
El entretenimiento principal de Peña y sus allegados en la residencia oficial es agarrar fines de semana, puentes o vacaciones cada fin de año sin importar la crisis que vive el país.
Es bien conocido dentro de Los Pinos que a Peña no le gustan las reuniones de trabajo de su gabinete, todo lo contrario a sus antecesores quienes cada semana, por lo menos, tenían una reunión de trabajo para analizar las acciones que tomarían en cada área de gobierno.
Si es que reúne a su gente, Peña no resiste mucho tiempo y abandona la sala de juntas en la casa presidencial para ocupar su tiempo en otras actividades administrativas o en preparar encuentros consulares o ver la agenda de viajes dentro y fuera del país.
Es el presidente que más ha viajado al extranjero con más de 50, con un costo mayor a los 10 millones de dólares, pues no va solo sino que en algunas ocasiones está acompañado de amigos, familia, masajista, estilista, etc.
Podría decirse que a Peña Nieto le gusta darse la buena vida mientras deja a un lado que otros tomen el timón y tomen a su albedrío decisiones que después tiene consecuencias fatales, como fue el manejo de la economía por Luis Videgaray o la administración de Pemex por parte de Emilio Lozoya, quien compró unas plantas fertilizantes que resultaron un fraude y ahora están vendiendo.
La procrastinación, que no es otra cosa que eludir responsabilidades, postergarlas, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Esa es la conducta que ha definido a Peña al encabezar un gobierno de reformas estructurales que han tenido un impacto social negativo y cuyas consecuencias y responsabilidades las viene evitando y pasando a otras administraciones pasadas.
Así, mientras juega golf y pasea por las playas doradas de Mazatlán, Punta Mita o Acapulco, siempre resguardado por un barco de la Marina-Armada de México, el presidente deja que su equipo arme las estrategias de gobierno y también de reparación de daños, como fue el aumento de la gasolina y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El costo de apagar el fuego con gasolina


Javier Sicilia
 El 12 de enero de 2013, fecha en que se celebraba el 60 aniversario de uno de los libros fundamentales de la literatura mexicana, El llano en llamas, de Juan Rulfo, el finado Subcomandante Marcos escribió el comunicado “Apagando el fuego con gasolina”. El título no sólo era una afirmación de que el contenido de ese libro emblemático –el fracaso de la Revolución Mexicana y la miseria de los campesinos– seguía siendo un hecho. Era también una posdata a la “Carta gráfica” que el propio Marcos había publicado cuatro día antes y en la que, haciendo uso de sus dotes de monero, mostraba que quienes buscaban denostar al zapatismo denostándolo a él, lo único que hacían era apagar el fuego zapatista, el fuego de ese llano en llamas que es México, con gasolina.
Cuatro años después la afirmación resultó más grande y terrible. El llamado “gasolinazo” con el que el gobierno de Enrique Peña Nieto celebró la entrada de 2017 y con él, sin saberlo, el centenario de Rulfo, hizo más grande y profundo el incendio. Las llamas del zapatismo no sólo se extenderán rumbo a 2018 por todo el país, sino que el incendio se volvió por fin real y concreto en la vida de todos los mexicanos. Lo que no logró el levantamiento zapatista en 1994 –los indios y las vidas agrarias eran para muchos sólo una parte de la vida del país que no les afectaba directamente–, lo que no logró el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y el horror de los asesinados y desaparecidos de Ayot­zinapa –los muertos y los desaparecidos por más grande que sea su número son siempre los muertos y los desaparecidos de otros–, lo que no logró el constante chorro de gasolina con el que la clase política no ha dejado de inundar al país –mentiras, traiciones, corrupción, pactos de impunidad, nexos con el crimen organizado, violaciones a los derechos humanos, arrasamiento de selvas, territorios, culturas y vidas– parece, por desgracia, estarlo logrando el “gasolinazo”. Esa alza en el precio del combustible, que toca directamente a todos, parece habernos hecho entender por fin lo que tanto el zapatismo como el MPJD no han dejado de repetir, que el sistema político mexicano es un sistema criminal e inhumano que es necesario refundar si queremos apagar el fuego y trazar una ruta para el país.
El incendio que el “gasolinazo” ha suscitado puede, por lo mismo, convertirse en un verdadero proceso social que, mediante una revolución no-violenta, se transforme en una corriente de agua que apague el incendio. Los zapatistas han puesto nuevamente el ejemplo. Se trata ya no sólo de resistir y de demandar –lo hemos hecho demasiado tiempo sin resultados–, sino de tomar esa vez la ofensiva mediante un movimiento que le arranque a las partidocracias lo que nos usurparon y nos pertenece: la democracia y el proceso electoral. Se trata de construir una plataforma civil que, bajo un programa verdaderamente democrático y con el apoyo y el respaldo de la indignación ciudadana, tome el poder en 2018 y cree un nuevo pacto social donde la gente y la vida del país, y no el dinero y los intereses económicos de la macroeconomía, sean el objetivo. Ese movimiento debe tener una lógica absolutamente distinta a la de los partidos y debe estar representado por liderazgos que no pertenecen a ellos. No es con las partidocracias y sus líderes, profundamente contaminados de la barbarie priista, con los que podremos refundar a la nación. Ellos, lo hemos visto a lo largo de esta última década, son, con sus formas corrompidas de hacer “política”, quienes tienen incendiada la nación. Así como los zapatistas se han lanzado en esta ofensiva, es necesario que otra plataforma política, conformada por las otras reservas morales del país –pienso, lo he dicho en otras partes, en Raúl Vera y la Constituyente Ciudadana-Popular, en las Comunidades Eclesiales de Base, en Cuauhtémoc Cárdenas y Por México Hoy, en lo que fue Alianza Cívica, en el MPJD y las organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos– se unan y hagan lo mismo. Con una organización así, fuerte y decidida, se podría entonces hacer una alianza con los zapatistas y refundar la nación. No veo otra salida. Si esta vez el incendio que el “gasolinazo” ha producido no encuentra su cauce para esa transformación y una parte de la sociedad vuelve otra vez a la apatía, al miedo, a la indiferencia, y otra al resentimiento, a la movilización intermitente y fragmentada, al insulto y la violencia en la que toda frustración deriva, entonces la clase política continuará apagando el fuego con gasolina y el llano en llamas será para siempre el páramo desolado y sin salidas que describió Rulfo.
El incendio que hoy vivimos es más grave que nunca, pero, por lo mismo, guarda la posibilidad de transformarse en una corriente de agua que apague las llamas y fertilice la tierra. Esa es su posibilidad en 2017, una posibilidad que empezó con la decisión que el Congreso Nacional Indígena y el zapatismo tomaron el domingo 1. “El mundo entero –escribió el poeta y monje Thomas Merton– está […] en llamas./ Las piedras queman,/ aún las piedras queman./ ¿Cómo puede un hombre aguardar/ o escuchar a las cosas quemándose?/ ¿Cómo puede atreverse a sentarse con ellas/ cuando todo su silencio está en llamas?”
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, devolverle su programa a Carmen Aristegui y abrir las fosas de Jojutla.

El gasolinazo despeña al PRI


Álvaro Delgado
–Peña, dos años en caída libre
–Margarita-Calderón: Perdiendo el PAN, ganan

 (apro).- Nadie puede regatearle a Enrique Peña Nieto un logro mayúsculo de su gobierno: Arrastrar, con su acumulado desprestigio, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la tercera y, quizá, cuarta fuerza en las elecciones federales de 2018.
Lo saben en Los Pinos con encuestas recién levantadas: La calificación de Peña está en un dígito. Lo apoya, si acaso, uno de cada diez mexicanos, y sólo 5% se declara “contento” con la situación del país.
Y la marca PRI, aun con la posibilidad de operación electoral de los gobernadores y el propio gobierno federal, vale apenas 15% tras el gasolinazo de enero.
Si hoy fueran las elecciones presidenciales –para las que aún falta un año y medio–, cualquier candidato priista sería derrotado: Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de la violencia que crece y vetado por el gobierno de Estados Unidos por su lado oscuro; José Antonio Meade, la cara de los gasolinazos desde Felipe Calderón; Luis Videgaray, arquitecto del desastre económico y artífice del triunfo de Donald Trump; Eruviel Ávila, el gobernador del estado más corrupto de México…
Hace seis meses, en agosto, antes de la visita de Trump a México, las encuestas –de por sí bajo sospecha– indicaban que Peña había caído a 20% de aprobación entre los mexicanos. Tras el triunfo del candidato republicano, odioso para los mexicanos, la evaluación del presidente de México cayó aún más.
No han sido difundidas todavía las encuestas más recientes, las que se levantaron después del gasolinazo y ya con el pulso de la furia que concitó esa medida, pero las que ha conocido el autor de esta columna indican que no existe antecedente del nivel de repudio a un presidente de la República, ni siquiera Ernesto Zedillo en medio del colapso económico de 1994-1995.
No es un fenómeno nuevo en Peña. En septiembre del año pasado aquí se consignó cómo era evidente que era un bulto en caída libre. Y lo era antes de humillarse ante Trump, pero la visita vejatoria para los mexicanos, en México y en Estados Unidos, lo hundía en aguas inmundas.
“No sólo en las tribunas serias, sino en la población toda, Peña es descrito con desprecio. Lo llaman estúpido, indigno, servil, cobarde. Peor: Traidor. No lo defiende nadie, ni los priistas”.
Lo anterior lo escribí en esta columna “Historias de lo Inmediato”, el 5 de septiembre del año pasado, cuatro días después de su IV Informe de gobierno y antes de que las encuestas registraran un desplome de Peña menos al 20%.
Tampoco eso era nuevo: En vísperas de su II Informe de gobierno, en septiembre de 2014 –cuando la propaganda del “mexican moment” encandiló a quienes hoy lo repudian–, Peña era ya visto con desdén por la mayoría de los mexicanos. Le reprochan la carestía, el desempleo, la inseguridad y la violencia, pero también lo perciben falso, deshonesto, manipulado, rebasado por los problemas…
Las dos más recientes encuestas de los diarios El Universal y Excélsior, que son más bien proclives a la adulación presidencial, mostraban que el aprecio ciudadano por Peña estaba por debajo de 50%: En la primera, la aprobación era de sólo 46%, por 45% de desaprobación, mientras que en la segunda el apoyo era de únicamente 43% contra 54% de rechazo.
La encuesta de Buendía-Laredo para El Universal, difundida el lunes 18 de agosto de 2014, y la de BGC de Ulises Beltrán para Excélsior, el lunes 25, detallaban las razones del rechazo. Por ejemplo, cuando se preguntó qué es lo mejor que había hecho Peña hasta entonces, la respuesta de la mayoría de los entrevistados era contundente: “Nada”.
Cuando a los entrevistados se les preguntó si el país va por muy buen camino, por buen camino, por mal camino o por muy mal camino, un 48%, la cifra más alta, decía que México va por muy mal camino y sólo la mitad de ese porcentaje, 24%, consideraba que va por muy buen camino; una cifra más baja inclusive que el 27% consideraba que ni bueno ni malo.
Y las respuestas sobre el rumbo del país eran, otra vez, apabullantes para Peña: Mientras que sólo 15% apoyaba que Peña debía mantener el rumbo, un aplastante 64% indicaba que debía haber un cambio de rumbo.
No hubo cambio de rumbo, sino empecinamiento por continuar con el mismo sendero, y Peña y su gobierno padecen un repudio sin antecedente, que incluye a los propios priistas. El PRI, asociado a Peña, es un cacharro que ya nadie quiere comprar…
Apuntes
Lo del PAN en Coahuila parece esquizofrenia: Al aspirante a gobernador Guillermo Anaya Llamas, compadre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, lo combaten testaferros de Calderón y Margarita. Y a Anaya Llamas lo apoya Ricardo Anaya, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) que combate a Zavala, la esposa de Calderón y sus testaferros. El fondo es que la pareja Margarita-Calderón –y sus testaferros encabezados por el senador Roberto Gil Zuarth y cinco gobernadores– apuestan a que los dos Anaya sean derrotados en Coahuila para descarrilar al presidente del PAN de la candidatura presidencial. Perdiendo el PAN, ellos ganan… Aconsejado por Gil Zuarth, según el entorno de Anaya, el senador Luis Fernando Salazar –apodado “El Junior” por su talante caprichoso– acusa a la dirigencia del PAN de crear una “farsa” para, con una encuesta manipulada, imponer a Anaya Llamas como candidato, en un “proceso viciado” que se asemeja a lo que hace el PRI. “En este momento de desestabilización y cuestionamiento de las clases políticas resulta absurdo que tengamos un proceso tan turbio y cuestionado”, dijo Salazar. Aún no lo dice públicamente, pero Salazar ha dicho internamente que Anaya Llamas es, en realidad, el candidato del gobernador priista Rubén Moreira…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

El gasolinazo: la punta del iceberg de la privatización petrolera en México



En “El antiminotauro: el mito de una sociología libre de valores”, Alvin Gouldner cimbró al mundo académico al rechazar una de las máximas weberianas que se consideraban prácticamente un dogma en las ciencias sociales: la posibilidad de realizar un estudio sociológico libre de valores. El autor afirma, por el contrario, que el ambiente y los juicios que el científico social realiza influyen más de lo que se acepta en los resultados de las investigaciones, incluyendo la decisión misma del problema a estudiar.
Yo no sólo coincido plenamente con Gouldner sino que entiendo y trato de jugar el papel que me corresponde al analizar mi entorno: priorizar el interés del pueblo mexicano del que formo parte. Así, el presente artículo si bien puede considerarse del género opinión, recoge evidencias históricas, políticas y económicas para brindar una explicación a la más reciente agresión de clase que hemos sufrido la mayoría de los mexicanos mediante el aumento al precio de los combustibles, comúnmente denominado “gasolinazo”.
El gasolinazo neoliberal. Todos desde De la Madrid han contribuido
En principio de cuentas es importante destacar que el aumento súbito de en promedio 20% al precio de las gasolinas y diésel es producto directo de la política energética que ha seguido el país desde 1983, apegada estrictamente a los dictados impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y cuyo pináculo fue la contrarreforma energética de 2013. A lo largo de estos 34 años de neoliberalismo en México que podrían resumirse como “la demolición controlada del Estado Mexicano”, el sector energético ha sido el más agredido y codiciado por el alto capital norteamericano y la oligarquía local, misma que participa en el despojo como socio menor.
Los pasos dados por los neoliberales mexicanos para traspasar el sector de manos públicas nacionales a privadas mayoritariamente extranjeras no han sido al azar. Por el contrario, se han diseñado desde los más selectos círculos del poder económico, financiero y académico norteamericano con plena consciencia del profundo significado que tienen Pemex y el petróleo en la memoria histórica del pueblo mexicano. Al respecto, John Saxe afirma que la hoja de ruta para lograr la privatización de la paraestatal habría sido trazada por la Heritage Foundation en un documento fechado en 1992 y titulado Petróleo y prosperidad: la reforma del monopolio petrolero de México que propone cinco pasos para lograr ese fin: 1. Permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero; 2. Permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica; 3. Dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia; 4. Permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex; 5. Privatizar Pemex.[1] (Si bien es cierto que al día de hoy ni siquiera se ha insinuado la posibilidad de privatizar Pemex, de seguir por el camino actual en un máximo de 5 años estará en el piso de remates. Esto porque el precio de las petroleras está determinado por el tamaño de sus reservas, su nivel de producción y el precio de su materia prima, y como ha sido despojada intencionalmente de sus principales activos, desfinanciada y sobresaturada de pasivos, a la brevedad surgirán voces que propongan tal medida al considerarla un lastre financiero para la Nación).
Con este antecedente es posible destacar que todas las administraciones federales de corte neoliberal han contribuido a la consecución de ese objetivo, iniciando por De la Madrid que canceló todos los proyectos de inversión proyectados durante los gobiernos que le antecedieron e inició la desfinanciación de Pemex; Carlos Salinas atentó contra la integración vertical[2] de la paraestatal al dividirla en 4 organismos descentralizados, abrió a la participación privada la petroquímica “secundaria”, elevó su carga fiscal hasta dejarla únicamente con los recursos suficientes para mantener su plataforma de producción de crudo y descapitalizó al Instituto Mexicano del Petróleo; Ernesto Zedillo terminó de abrir el sector petroquímico y creó la figura de los contratos de riesgo, Pidiregas; Vicente Fox, sobreexplotó las reservas y aumentó colosalmente su deuda mediante los Pidiregas; Felipe Calderón entregó a EU la mayor reserva del país ubicada en el Golfo de México; y Enrique Peña que finalizó la apertura total del sector en 2013.
Para finalizar este punto resulta relevante subrayar que en todo este camino se ha puesto especial énfasis en especializar a Pemex en la producción, cuyo dato más pasmoso es que no se ha construido una sola refinería en el país desde hace más de tres décadas pese a que se han sumado casi 50 millones de habitantes en ese lapso de tiempo. La razón, según argumentaban los voceros y plumas al servicio del régimen durante la discusión de la contrarreforma energética de 2013, se debe a que la entonces paraestatal registraba enormes ganancias en producción y exploración, mientras en la petroquímica se perdían cuantiosos recursos. Y si bien es cierto que por venta de crudo el país obtuvo ingresos récord en 2011 por 125 mmdd, lo que ocultaban cínicamente es que esa actividad no es ni de cerca la que mayores ganancias genera. Según un estudio hecho por Rafael Decelis en 1996 que usó como base los precios de diciembre de 1994, por cada barril de crudo se obtenían 13 dólares, 26 si se transformaba en gasolina, 59 (promedio) en petroquímicos, 300 en plásticos y 780 en producto terminado; y en lo que respecta a la generación de plazas laborales, cada barril producía 0.01 empleos en Pemex Exploración y Producción, 0.104 en Pemex Petroquímica, 0.672 en Petroquímica Secundaria y 22.7 en industrias de transformación ligadas al hidrocarburo (producción de hilos, telas, botellas, bolsas, plásticos, etc.).[3]
Todo ello sin contar un elemento clave: la seguridad y soberanía de la Nación.
En el sector energético la apuesta es argentinizar a México
Contrario a los dichos del Gobierno Federal y la súper cretina cúpula panista que en 2014 pujó para que se adelantara dos años la liberalización del mercado de combustibles inicialmente prevista para 2019[4], el alza en los combustibles sí es una consecuencia directa de la reforma energética de 2013, y más específicamente de sus leyes secundarias aprobadas en 2014. En dicho ordenamiento jurídico se estableció que a partir de 2017 el mercado mexicano de combustibles se abriría a la participación de nuevos actores y un año después se permitiría su libre importación para crear un mercado completamente abierto. Ello significa que México transitaría de un modelo en el que los precios eran fijados por la Secretaría de Hacienda según variables económicas, sociales y políticas, a otro en el que serían determinados por entes privados según “las leyes de la oferta y la demanda” y criterios estrictamente económicos y financieros; lo que implica de facto la privatización de uno de los aspectos fundamentales de todo negocio: la determinación de su precio al público.
Lo más absurdo es que la administración de Peña Nieto pretende esconder los vínculos con la reforma energética pero sí reconoce en su campaña mediática que el aumento es uno de los pasos iniciales de la liberalización, misma que avanzará durante el año en curso hasta que los precios locales estén a la par de los del mercado internacional.[5] ¡El colmo de la desvergüenza!
Pero la anterior no es la única mentira vil de la estrategia de comunicación gubernamental en marcha. Se desempolvan, por ejemplo, los dichos del criminal David Penchyna que al defender la liberalización del mercado en 2014 aseguraba “el subsidio a las gasolinas en realidad beneficiaba a quienes más recursos y autos tienen”.[6] Lo que nunca mencionó es que la mayor parte de los combustibles se destinan para el transporte de alimentos y productos de primera necesidad desde las regiones de producción hasta los centros de consumo, impactando en su costo y haciendo que las familias de menores ingresos que destinan hasta el 90% de su salario a la adquisición de comida sean las que más recientan la medida.[7]
La propaganda también asegura que la liberalización del ultrasensible mercado de los combustibles provocará que los precios locales disminuyan producto de un mayor número de actores, además de generar más empleos, crecimiento e inversión. Lo llamativo del caso no es que utilicen los mismos argumentos de siempre para justificar las contrarreformas neoliberales que siguen sin traer a los mexicanos el paraíso prometido, sino que dan por sentado que las empresas que entren al país lo harán con los ánimos de desatar una guerra de precios que los impulse a la baja, estrechando con ello sus márgenes de ganancia. Esta suposición resulta absurda e ilógica porque difícilmente se encontrarán datos empíricos que comprueben fehacientemente que las grandes petroleras se comportan así al entrar a mercados desregulados. Por el contrario, abundan los ejemplos en el que su actuar fue diametralmente distinto y aportaron más perjuicios que beneficios a los países receptores. En Brasil, por ejemplo, Ildo Luis Sauer, director de Petrobras entre 2003 y 2007, afirma que “la apertura no fue benéfica para Brasil y tiene más lecciones negativas que aprender que positivas”. Respecto a las petroleras transnacionales, aseguró que “una vez que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el sistema y tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema político y económico para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos, que son los que están en los congresos y en los palacios”.[8]
Pero el caso tipo que los mexicanos deberíamos tener en mente para pensar nuestro futuro cercano es el de Argentina. Como lo analicé en conjunto con el Dr. Norberto Emmerich en marzo de 2015,[9] la liberalización en Argentina se inició en la década de 1970 y dos décadas más tarde se privatizó la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Además, se cedió a la iniciativa privada la explotación de las principales reservas de petróleo y gas, la capacidad de determinar los precios locales del petróleo y sus derivados y la participación en todos los eslabones de la industria petroquímica. Como era de esperarse, las petroleras que dominaron rápidamente el mercado argentino se enfocaron en maximizar la explotación de los campos en detrimento de su vida útil, así como su exportación sobre el abastecimiento del mercado interno. Las diferencias con las autoridades argentinas se ahondaron con la pesificación de 2002 y el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, deviniendo un año después en una crisis energética caracterizada por el desabastecimiento crónico de petróleo, gas y sus derivados en el mercado local, constantes apagones y alzas unilaterales en los precios de las gasolinas y el diésel. El gobierno denunció que los problemas se debían a una insuficiente inversión en la exploración, producción, transporte y refinación, y exigió una disminución de los costos al público. Por su parte, las petroleras afirmaron que los precios demandados por el gobierno argentino eran poco competitivos y les acarrearían grandes pérdidas, por lo que congelaron sus suministros al mercado local y continuaron su exportación como medida de presión para obtener mejores tarifas. Uno de los datos más icónicos de la situación data de 2007, cuando Argentina importó 988.379 toneladas de combustible y exportó 1.657.532 toneladas, situación absurda e innecesaria pero acorde a los intereses de Repsol YPF, Esso y Shell.
Algunas reflexiones a manera de cierre.
1. Gracias a la profunda reprimarización económica que ha traído la política neoliberal, un país petrolero de primer orden como México comenzó a comprar petroquímicos en el exterior desde 1987 y hoy se ha convertido en el segundo mayor importador del mundo. El negocio calculado en alrededor de 50 mmdd anuales por Alfredo Jalife[10] sólo tiene dos ganadores claros: EU, nación que vende el 81% de las gasolinas que importa México; y el entramado de funcionarios y empresarios que compran el combustible en el extranjero para luego revendérselo a Pemex.
2. En días recientes han pululado las voces que piden aumentar las importaciones de petroquímicos desde EU donde en la actualidad son más baratos, entre ellas las de los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua. Esta medida si bien podría significar un efímero alivio, en realidad contribuirá al fortalecimiento del círculo vicioso que nos tiene atrapados en la dependencia. Una propuesta viable y ad hoc con el abandono del neoliberalismo que impulsa Trump al norte del Bravo sería utilizar el dinero de las reservas para adquirir refinerías, en lugar de dilapidarlo en la “intervención diaria de Banxico para estabilizar el tipo de cambio”.
3. Sabiendo que México se ha convertido en un país ultra dependiente de las gasolinas estadounidenses, ¿qué pasaría si mañana Donald Trump decide cortar su suministro o aplicarle un impuesto especial a fin de financiar el muro fronterizo? ¿La oligarquía mexicana seguiría diciendo que soberanía no es sinónimo de autosuficiencia sino de capacidad de compra? ¿Cómo recibiría el pueblo mexicano en ambos lados de la frontera tan terrible humillación?

[1] Saxe Fernández, John. La compra-venta de México. Una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. Ed. Plaza Janés, México D.F. 2002. Pág. 269.
[2] Se denomina integración vertical a la capacidad de una empresa para controlar por sí misma las actividades que van desde la producción de la materia prima hasta la comercialización de los productos terminados. En el caso de las petroleras, éstas serían: exploración, perforación, almacenamiento, refinación, distribución y comercialización.
[3] Op. Cit. Pág. 295.
[4] Eliminar subsidios a gasolinas, gas y luz, entre cambios a leyes energéticas. Diario La Jornada, 15 de julio de 2014. Consultado en línea en: https://goo.gl/BvrgK0
[5] Video disponible en: https://youtu.be/83ClzkpSZ50
[6] Bajarán precios del gas y electricidad, pero no de las gasolinas: Penchyna. Diario La Jornada, 13 de mayo de 2014. Consultado en línea en: https://goo.gl/qluYx9
[7] Aplicar IVA a medicinas y alimentos afectará a los más pobres: Morena. Diario La Jornada, 6 de marzo de 2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/krwu2V
[8] Cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera para el Estado. Diario La Jornada, 13 de septiembre de 2013. Consultado en línea en: http://shar.es/VdT7T.
[9] Emmerich, Norberto. y Valenzuela, Edgar. Reforma energética, geopolítica y criminalidad. La matriz mexicana para crear riqueza. Rebelión, 21 de marzo de 2015. Consultado en línea en: https://goo.gl/o0LY5S
[10] Jalife-Rahme, Alfredo. Los siete pecados capitales de la reforma energética Peña / Videgaray / Aspe. Diario La Jornada, 16 de octubre de 2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/x24H2k

El presidente Peña Nieto echa gasolina al fuego


Danica Jorden

Mientras las protestas se extienden ante la subida inesperada del combustible conocida con “el gasolinazo”, Peña Nieto pregunta a los mexicanos: ¿qué hubieran hecho ustedes?
Los disturbios generalizados estallaron cuando el gobierno mexicano aumentó, el pasado 1 de enero de 2017, los precios de la gasolina a los consumidores en un desproporcionado 20%. Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto afirma que el alza era inevitable para evitar recortes en los servicios públicos, los mexicanos pagan hoy el doble de lo que pagarían en las gasolineras de los Estados Unidos, Rusia, Brasil, China y la Unión Europea, con precios hoy el 95% más caros que en la ciudad de Nueva York.
Teniendo en cuenta la caída en picado del peso mexicano como consecuencia del resultado de las elecciones estadounidenses –de 13 pesos / dólar el año pasado a 22 pesos / dólar hoy— el impacto, en términos reales, en la gente en México es aún mayor. De la noche a la mañana, si nos basamos en el tipo de cambio pre-Trump, el precio que los mexicanos están pagando por la gasolina casi se triplicó.
Como consecuencia de que se dispararon todo tipo de precios al consumidor, la respuesta de la gente al "gasolinazo" fue rápida, incluso saqueando pequeños y grandes almacenes por todo el país. Pero hay que decir que la protesta ha sido, sobre todo, pacífica, y bien focalizada, aunque desde que el aumento de precio se hizo efectivo, protestas generalizadas están llenando las plazas públicas por todo el país.
Añadiendo alegremente leña al fuego, el presidente Peña Nieto apareció en la televisión nacional cinco días después el Año Nuevo para explicar el brusco incremento de precio. Argumentando que los precios internacionales del petróleo han aumentado "casi el 60%" el año pasado, el presidente declaró que "tratar de mantener artificialmente los precios de la gasolina nos habría obligado a recortar los programas sociales, aumentar los impuestos o la deuda nacional y a poner en riesgo a toda la economía", lo que costaría a la nación $ 200 mil millones pe pesos mexicanos. Sostener lo contrario habría significado el cierre durante cuatro meses de hospitales y guarderías o tres años de suspensión del seguro médico para 50 millones de familias, dijo el presidente, agudamente iluminado, bien encuadrado en verde sobre un fondo de banderas mexicanas, presentado en un espectacular primer plano: “¿Qué hubieran hecho ustedes ?"
La mañana siguiente, en Internet se fueron publicando listas de recortes alternativos radicalmente distintos. En respuesta a la pregunta de Peña Nieto, #Quéhubieranhechoustedes, se enumeraron una multitud de respuestas, entre ellas estas de ManE (@ manhus21):
- Vender la “Casa Blanca” (la lujosa mansión de Peña Nieto) : $ 54,000,000
- Vender el avión presidencial: $ 733,000,000
- Bajar los salarios de los congresistas: $ 1,947,000 ($ 971,455,500 para 500 congresistas)
- Recuperar la deuda del (gobernador de Veracruz Javier) Duarte: $ 50,000,000,000 Deshacerse de políticos corruptos y luchar contra la corrupción (la corrupción cuesta a México $ 341,000,000,000)
- Dejar de pagar las pensiones de los ex presidentes: $ 40,000,000
- Todo esto recaudaría más dinero que su gasolinazo, y crearía un superávit de 100,000,000 de pesos para asistencia social.
Ricardo Padua (@rikrdopadua) publicó una combinación de los recortes sugeridos, añadiendo uno más: "dejar de robar".
La antropóloga social Nadia Vera y el reportero gráfico Rubén Espinosa criticaron al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hasta que fueron asesinados el 31 de julio de 2015, junto con otras tres mujeres, en el apartamento prestado de la Ciudad de México a donde habían huido ante las amenazas de muerte. [7] Los cinco fueron torturados y golpeados antes de ser ejecutados, y las mujeres presentaron signos de violencia sexual. Nueve meses antes, Vera había hablado a la cámara en un documental titulado "Veracruz: la fosa olvidada" y dijo que temía por su vida, señalando a Duarte y su gobierno. "Responsabilizamos totalmente al gobernador del estado Javier Duarte Ocha y a su gabinete de todo lo que pueda sucedernos".
El jueves 12 de enero, el 90% de los conductores de autobuses celebraban su segundo día de huelga en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en respuesta al aumento obligatorio de los precios de los boletos y a la falta de protección de los trabajadores. Miles de personas de todos los extractos sociales vienen llenando la famosa plaza del Zócalo de la Ciudad de México en protestas diarias contra el alza de los precios de la gasolina. Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali, capital de Baja California, ordenó la apagar las luces en la plaza principal para impedir las protestas el pasado jueves 12, pero los residentes regresaron el viernes. Más de 10.000 se manifestaron al día siguiente hoy, mientras las estaciones de servicio se quedan sin suministro debido al incremento del precio de la gasolina.
A todo esto, el mismo viernes 13, se dio a conocer que los líderes del Congreso se habían adjudicado bonos extra para hacer frente al incremento de los precios del combustible. De acuerdo con El Universal, un total de 12 gobiernos regionales han decidido proporcionar subsidios a la gasolina de hasta 20,000 pesos mexicanos al mes para sus funcionarios. En el estado de Quintana Roo, donde se ubica la región turística de Cancún, "Eduardo Martínez, partido del PAN y líder de la mayoría, admitió que se estudió un monto de 40,000 pesos pero, a la vista de frente a las críticas de sus respectivos distritos, la propuesta finalmente se desestimó”.
Con tanta incertidumbre ante el futuro inmediato de México, ni que fuera para poder afrontar las amenazas provenientes de la frontera norte, Peña Nieto debería habérselo pensado dos veces.

Objetivos prioritarios contra el crimen organizado



Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre 
En medio de la irritación ciudadana por el alza en los precios a los combustibles –y que no encuentra cauces para su conversión en movimiento trascendente por X o Z demandas, por más que insisten en magnificarlo–, el fin de semana la Secretaría de Gobernación anunció que en lo que resta del gobierno de Enrique Peña Nieto, menos de 20 meses, serán cumplidos los 17 “objetivos prioritarios” pendientes dentro de los 120 que trazó para el combate al crimen organizado.
Detenidos y extraditados unos, “liquidados” o “caídos” otros, los capos del crimen organizado por capturar serán sometidos, ofrece Gobernación, como una gran tarea pública que más allá de los círculos del poder de México y de Estados Unidos –con George W. Bush y Barack Obama para el caso dio lo mismo–, la población mexicana es la más afectada en sus vidas y bienes.
La liquidación o captura de los capos es una estrategia que se aplica desde hace más de 40 años con la Operación Cóndor, y por lo general cuando los encarcelados ya no resultan funcionales a los corporativos criminales y son extraditados a Estados Unidos, donde como “testigos protegidos” negocian la información que interesa a Washington, sobre todo sus vínculos con gobernantes para chantajearlos, subordinarlos a políticas, programas e intereses imperiales.
Finalmente son liberados con una nueva identidad física (previas cirugías estéticas) y documentación. Mi fuente exige secrecía y la próxima Constitución de la Ciudad de México la garantiza, por fortuna. No como cuando los secretarios de la Defensa Nacional Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre me presionaron hasta la desmesura, durante 34 meses, para que revelara quien me entregó el ensayo “Las necesidades de un ombudsman militar en México (revista Forum número 22, octubre de 1994, pp. 9-14:
Sostengo que la población es la más afectada porque es la que se encuentra en medio de la “guerra” (del esposo de la candidata Margarita Zavala) o “combate” (de Peña Nieto), circunstancia que no requiere de especialidad para comprenderla. Sólo Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación del guerrerista Felipe Calderón, se entusiasmó cuando le presentaron el proyecto de manufactura estadunidense y sin empacho sentenció: ¡Se van a matar entre ellos!
Cierto, joven Iván, donde quiera que usted se encuentre, sólo que el descabezamiento de los mal llamados cárteles provoca vacíos y éstos se llenan con sangrientas disputas para controlar las plazas, y en éstas viven y trabajan millones de mexicanos.
Pero no sólo Mouriño Terrazo no alcanzó a comprenderlo. Todo indica que los señores y señoras que juran “Mover a México” con reformas estructurales que provocan gasolinazos y “crecimiento mediocre de la economía” (como decía para justificarlas Luis Videgary). Lo que ni unos ni otros asumen es que el descabezamiento se inscribía en la estrategia gringa de auspiciar un duopolio del crimen organizado porque es más fácil negociar con dos que con 13, como sucede ahora que predomina la fragmentación tipo Colombia, pero el negocio se mantiene al alza y sumamente rentable para unos y otros, mientras la población paga los platos rotos.
Si el propósito esencial de la Casa Blanca y Los Pinos fuera hacerle frente al crimen organizado, colocarían en el centro de su quehacer la desarticulación de las redes financieras y bursátiles que se entrecruzan con los procesos económicos.

Gasolinazo en México. Lecciones para América Latina


El pasado 1º de enero entró en vigor una decisión del gobierno mexicano que pretende liberar los precios de los combustibles, medida que ha generado movilizaciones de rechazo en todo el país. Las protestas -en contra de lo que se llamó “el gasolinazo” han alcanzado ribetes en extremo violentos. Tres personas murieron en los enfrentamientos con la policía y al menos 1.500 personas han sido arrestadas en estos días.
El objetivo principal de la medida es abandonar los subsidios a los combustibles y alinear los precios internos con los internacionales. Seis años atrás, en diciembre de 2010 el gobierno boliviano intentó una medida similar -también designada popularmente como “gasolinazo”- que provocó el mismo tipo de revuelta popular. Más allá de las situaciones particulares de cada país, y el tipo de reformas que ambos gobiernos propusieron o proponen el problema de fondo trasciende a las ideologías y a los gobiernos: el fin del petróleo barato.
Los componentes de la crisis
Más allá del debate sobre las virtudes de la liberalización o estatización del sector hidrocarburos, y de las responsabilidades por errores o aciertos del pasado, la medida del presidente Peña Nieto responde a una realidad económica y financiera insostenible. La producción de hidrocarburos es cada vez más costosa, la empresa estatal está fundida y la demanda de combustible es creciente. Sin dudas pudieron haberse adoptado otras medidas en el pasado y en el presente para evitar este desastre actual. Sin dudas Pemex pudo haber sido mejor gestionada y la Reforma Energética pudo haber sido diferente. Pero nada de eso hubiera evitado, más tarde o más temprano, el aumento de los combustibles.
Uno de los componentes que conducen a esta situación es el aumento del consumo de derivados de petróleo en la economía mexicana signada fuertemente por el aumento del consumo de combustibles en el transporte. El transporte representa el 46% del consumo energético total y dentro del transporte, el 91% corresponde al consumo vehicular. El crecimiento del parque automotor mexicano ha sido constante, como lo ha sido en todos países de la región latinoamericana. En 2012 había en México 300 vehículos por cada 1000 habitantes -el doble de la tasa del año 2000- y había alcanzado los 35 millones de vehículos, dos tercios de los cuales eran automóviles privados. Entre 2006 y 2014 el gobierno tuvo que destinar subsidios por 53.000 millones de dólares para sostener bajos los precios de la gasolina y el diésel.
Otro de los elementos de la crisis es la caída en la producción nacional de hidrocarburos. La producción de petróleo y la refinación de derivados se han reducido sustancialmente en los últimos años. En 2004, la producción petrolera mexicana se encontraba en los 3,4 millones de barriles diarios pero en la actualidad no alcanza a 2 millones, el menor nivel desde 1980. Por otra parte la capacidad de refinación apenas cubre el 60% de las necesidades del país lo cual ha obligado al gobierno a importar 2 millones de barriles diarios de gasolina desde los Estados Unidos, más de la mitad de lo que se consume en el país.
Finalmente, las reservas actuales son más caras de explotar. México cuenta con unos 100 mil millones de barriles de hidrocarburos en recursos prospectivos –diez veces más que sus reservas petroleras actuales-, pero estos ya no son los yacimientos “convencionales” que hasta ahora el país había logrado explotar a costos medios de 6 dólares por barril. Se trata de recursos no convencionales en aguas profundas, o que requieren de fractura hidráulica (fracking) para ser extraídos y que –según analistas internacionales- tienen costos de explotación por encima de los 50 dólares por barril.
Estos costos son imposibles de asumir para una empresa como Pemex  que ha arrojado pérdidas por USD 40.000 millones en 2015, y arrastra deudas por casi USD 100.000 millones. Pero aunque lo pudiera hacer, no podría sostenerse con los precios actuales de la gasolina. Hay muchas críticas al manejo que se ha hecho de la empresa y seguramente hubiera podido ser mejor. Pero vale la pena recordar que todas las grandes compañías petroleras, de la región y del mundo, están sufriendo situaciones similares, tomando deuda y vendiendo activos para tratar de sobrevivir. Más aún las compañías que en los últimos años se han dedicado a la explotación de no convencionales. De manera que, si bien  es probable que haya problemas de gestión en Pemex, parece evidente que este es más bien un problema estructural para toda la industria petrolera en la actualidad [[1]].
En julio de 2015 el sector de los hidrocarburos mexicanos se abrió a la participación privada después de 70 años de monopolio estatal. Más allá de las razones “ideológicas” que pudiera tener el gobierno de Peña Nieto respeto a las bondades de la privatización del sector, lo cierto es que los mejores yacimientos se han agotado en México y el sector privado no va a invertir en recursos prospectivos costosos si el precio de los combustibles no contempla esta realidad. A menos que el estado subsidie la diferencia.
Situaciones similares fueron las que obligaron a Bolivia y a Argentina a darle mayores beneficios a las empresas privadas para aumentar la explotación y exploración de hidrocarburos cada vez más caros.
Una vida sin petróleo
Peña Nieto había asegurado que la Reforma Energética en México no implicaría aumentos en las gasolinas. Ese fue un gran error. Más allá de la incidencia que haya podido tener esta reforma,  es más que probable que las gasolinas hubieran aumentado de cualquier manera. Los hidrocarburos son cada vez más costosos y difíciles de extraer y los gobiernos latinoamericanos no tienen ni recursos ni tecnología para hacer frente a esta explotación y deben recurrir a empresas extranjeras.
Atraer las inversiones extranjeras conlleva necesariamente una política de precios que asegure cierto retorno económico para las empresas. Esto puede hacerse liberando los precios al mercado –lo que aumenta los precios al consumo-  o aplicando subsidios, directos o indirectos, para mantener los precios bajos. Ni México, ni ninguno de los países latinoamericanos están en una posición económica que les permita sostener esos subsidios.
La particular situación mexicana debería alertar a los demás gobiernos de la región: deben prepararse para unos combustibles cada vez más caros. Seguir alentando sistemas productivos, de transporte y de consumo final basados en hidrocarburos, conducirá inevitablemente a estallidos sociales en el futuro. Porque los ciudadanos tienen su vida organizada en torno a combustibles baratos y dependen de todos los servicios energéticos que estos proveen para su vida: movilidad, calefacción, cocción, etc. El aumento de los precios de estos servicios serán insostenibles para la mayoría y los gobiernos solo tendrán la opción del subsidio para mantener precios bajos.
Las inversiones públicas o el fomento de la inversión privada deberían comenzar a orientarse hacia sistemas productivos y de consumo para una era pos petrolera. Por ejemplo, debería invertirse más en sistemas de transporte fluviales o ferroviarios y ya no invertir en carreteras. Debería invertirse en trasporte público más que en ampliación de avenidas o construcción de autopistas urbanas que aumentan el parque vehicular privado. Debería invertirse más en exploración eólica y solar más que en exploración de hidrocarburos. Y al contrario de asegurar que los precios de la energía no van a aumentar, comenzar a transmitir que la energía será cada vez más costosa y habrá que irse adaptando a esa nueva realidad.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lanzó una alerta a fin del año pasado: no se están realizando inversiones en explotación de combustibles fósiles debido a los bajos precios actuales del petróleo y esto traerá como consecuencia un desabastecimiento en el corto plazo. Necesariamente los precios del petróleo y de los combustibles serán más altos porque ya no existe la posibilidad de producir hidrocarburos a costos bajos como ocurrió en el pasado [[2]].
El aumento de los precios de la gasolina no es responsabilidad del gobierno mexicano, así como no serán responsabilidad de ningún gobierno los futuros aumentos que se avecinan en la región. Esta es una realidad que hay que asumir porque se acabó la era del petróleo barato. La verdadera culpa de los gobiernos es cerrar los ojos ante esta realidad evidente y no asumir ante los ciudadanos que de ahora en más la energía será más cara y hay que adaptarse. Es deber de los gobiernos decirle a la población que ya no habrá gasolina barata, a menos que esté dispuesta a dedicar una parte cada vez mayor de sus impuestos a sostener los subsidios.
La culpa de los gobiernos es no alertar a sus votantes que deben hacer cambios en las formas de apropiación y uso de la energía para sobrevivir. Es no generar políticas para reducir su uso, hacerse menos dependiente de su consumo creciente, promover alternativas de vida menos demandantes de los recursos energéticos. Deben comenzar a hacerlo o sucumbirán. Y los costos sociales serán enormes, como lo demuestran todas las experiencias latinoamericanas que han tratado en los últimos años de adecuar los precios de la energía a sus costos reales. 
- Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social)

Se agudizan ataques contra defensoras del medio ambiente


Documentan 63 agresiones en un año

El Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda) presentó su "Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México" 

El Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda) registró durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, 63 ataques a personas defensoras ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres.
 
Al presentar su tercer “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DH) ambientales en México”, con el fin de visibilizar el riesgo que corren las personas defensoras ambientales en nuestro país, el Cemda refirió que los tipos de megaproyectos donde más casos de agresiones se identificaron son las obras hidráulicas, y políticas públicas de administración de agua (17 casos), seguidas de los proyectos mineros (10) e hidroeléctricas con 7 casos.
 
De acuerdo con este documento, las agresiones se registraron en 18 entidades, pero destaca Oaxaca, que se mantiene, según la organización, como una de las tres entidades con mayor número de agresiones contra personas defensoras del ambiente; el primer lugar lo ocupan el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca 6 casos y Puebla 5 casos.
 
El tipo de agresión más frecuente es la amenaza en 24 por ciento de los casos, seguidas de intimidación (19 por ciento) y la criminalización con 18 por ciento.
 
Asimismo las agresiones físicas representaron 15 por ciento; en 6 por ciento de los casos hubo privación ilegal de la libertad y se registró un caso de homicidio vinculado a tala clandestina, el cual ocurrió en el 2016, en Chihuahua.
 
“Las amenazas y agresiones siguen. México es un país muy peligroso para la defensa del medio ambiente, el Estado mexicano no está realizando un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra las y los defensores ambientales”, dijo la experta en Derechos Humanos e integrante de Cemda, Alejandra Leyva.

Alejandra Leyva (izq.) y Margarita Campuzano (der.), Abogada del Área de Derechos Humanos y Directora de Comunicación y Difusión de CEMDA, respectivamente, presentaron su informe en conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López
 
Los principales agresores son funcionarios públicos, dice el informe. De los 63 casos de ataques identificados, 43 por ciento fueron cometidos por autoridades del Estado, 7 por ciento por personal de las empresas y 2 por ciento por personas del crimen organizado.
 
Alejandra Leyva dijo que este informe fue presentado al relator especial sobre la situación de los defensores de DH de las Naciones Unidas, Michel Forst, quien se encuentra en una visita oficial en México hasta el 24 de enero. Las representantes de la organización esperan que el relator incluya en su informe el registro que realizaron.
 
En el informe, Cemda recomienda al gobierno mexicano implementar acciones que estén dirigidas a la prevención de los ataques a las personas defensoras; garantizar la consulta previa e informada de los pueblos y comunidades sobre los megaproyectos; suspender la implementación de proyectos cuando se registren agresiones contra los integrantes de las comunidades, entre otras.
 
También pidieron fortalecer el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implementado en 2012, para que cuente con un presupuesto suficiente y recursos materiales y humanos que le permitan cumplir con su objetivo y funcionamiento.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Las mujeres contra el gasolinazo


Mujer Sonora
Por: Silvia Núñez Esquer*

Sin demérito de la lucha que están dando los hombres agraviados por el gasolinazo en México, el papel decisivo lo han tenido las mujeres en la batalla que se está dando en Sonora por revertir el alza al aumento a las gasolinas. Marchas, protestas y la liberación de casetas de cobro de peaje, han sido protagonizadas por mujeres.


 
Más aún, se han convertido en convocantes, pero no las ven como tales. En cada asamblea ciudadana, en cada mitin, en cada reunión, los hombres, acostumbrados a ser invitados por otros hombres, por dirigentes sindicales o partidistas, en una verticalidad propia del patriarcado, dicen “necesitamos organizarnos y nombrar una cabeza para que alguien nos represente”.
 
La expresión de un habitante del área rural que se acercó los primeros días de resistencia, para empezar a participar activamente, es ilustrativa: “Yo pregunté con quién podía hablar para participar más y ¡fíjese nomás! voy viendo que quien estaba al frente ¡es una mujer!”.
 
Desde el bloqueo del tren en Nogales, hasta la toma simbólica de las oficinas de Hacienda, las mujeres han hecho cadenas, han volanteado, han resistido el clima estoicas. Han sido ellas quienes levantan las plumas diariamente durante quince días ya, para dejar libre paso a los vehículos que van por la carretera de Nogales hacia Estación Don, atravesando el estado en los dos sentidos.
Son también ellas quienes han preparado alimentos y bebidas para llevar a las personas que se manifiestan tanto en la calle como en la caseta.
 
Pero esta vez, las mujeres luchadoras desde siempre, se han convertido también en convocantes. Más que “citar” a secas, ellas han logrado despertar el interés ciudadano por participar para revertir el gasolinazo, agregando el ingrediente de no permitir que las dirigencias partidistas ni sindicales oficialistas, se presenten haciéndose pasar por ciudadanos comunes, pues de alguna manera han abonado al desastre en el que vive la clase trabajadora.
 
En cambio, han convocado una y otra vez a que las bases tanto de sindicatos como de los diversos partidos políticos se incorporen a las manifestaciones, pues al igual que la población en general, están sufriendo las consecuencias de las decisiones de las cúpulas de sus organizaciones.
 
Son pues convocantes en la acepción de “anunciar, hacer público un acto, para que pueda participar quien esté interesado”. Son convocantes que no necesitan pagar, acarrear, regalar tortas o artículos varios, para que las personas convocadas vengan a manifestarse. Eso el patriarcado incrustado en las organizaciones corporativas no lo entiende.
 
No comprende cómo unas mujeres podrían tener la suficiente credibilidad y poder convocar sin ser cuestionadas de tener un interés más allá del expuesto una y otra vez: “No al gasolinazo”.
 
Y vaya que han sido muchas las personas interesadas. Nada más en Hermosillo, la capital de Sonora, han marchado en varias ocasiones no cientos, sino miles de personas creciendo cada vez la cantidad de manifestantes.
 
Tan solo la del domingo 15 de enero de 2017, que se unió a la convocatoria de la mega marcha nacional, congregó a más de diez mil, según coinciden varios cálculos de medios de comunicación y oficiales.
 
Y ahí están las mujeres, al frente del contingente, mientras otras cuidan que la carretera pueda ser transitada libremente por los vehículos que viajan y que atraviesan la plaza de cobro 152, ubicada en esta ciudad, en la cual permanecen por espacio de 12 horas de 9 a 9.
 
Desde luego que parte del sistema patriarcal de los sindicatos y partidos, así como del propio gobierno es el utilizar a otras mujeres para que causen la confusión con gritos y discursos inconexos, para provocar e intentar romper  la unidad de los manifestantes.
 
Pero estas mujeres convocantes a las que el patriarcado no ve, a las que quieren hacer aparecer como “nadie”, aunque han demostrado ser “alguien” y muy importante, siguen y seguirán ahí. Son parte nodal del movimiento “No al Gasolinazo Sonora”. Se han erigido en vigilantes de que la movilización siga siendo ciudadana, sin la participación de las dirigencias sindicales ni partidistas.
 
Entre ellas, Patricia Duarte Franco, Rosa María O´leary, Marcela Zazueta, Teresa Salazar y otras, son mujeres conocidas por sus luchas auténticas.
 
La primera por ser la madre de una de las víctimas de la Guardería ABC; la segunda por su lucha permanente por el Derecho Humano a un ambiente digno; la tercera por ser una maestra cesada injustificadamente; y la cuarta por su capacidad de resistencia, es seguida por otras mujeres que participan en la liberación de la caseta de cobro.
 
Rosa María con una trayectoria de más de 30 años, Patricia con un despertar doloroso como activista a partir del 2009, Marcela luchando por ser reinstalada y Teresa con un liderazgo ciudadano emergente, han reivindicado una y otra vez la necesidad de que la lucha por no al gasolinazo se mantenga siendo estrictamente ciudadana.
 
Eso significa que no pueden mezclarse los verdugos con las víctimas. No pueden dirigentes partidistas, dirigentes de sindicatos corporativos, funcionarios, ex funcionarios, legisladores, y figuras partidistas querer participar en su calidad de ciudadanos, mientras sus respectivas dirigencias han contribuido a las reformas estructurales que han empobrecido a México.
 
Estas mujeres, más otras que las apoyan, son quienes están convocando, gracias a su credibilidad, a las marchas. Son ellas a quienes les han enviado provocadores para reventarles las asambleas, las manifestaciones, los mítines, tal como lo hicieron saber en el pronunciamiento del movimiento “No al Gasolinazo Sonora”.
 
Afortunadamente hay muchos hombres, sus esposos, sus compañeros de trabajo, otros activistas, estudiantes jóvenes indignados, que tienen otra visión de lucha. Son hombres independientes que ven las capacidades de sus compañeras, las respetan, las siguen, las reconocen, algunos ya expresan que las admiran. Por ello no están interesados en arrebatarles  la convocatoria ciudadana.
 
Luchan con ellas codo a codo, día a día, sin pretender ser más que ellas o tener propuestas más importantes que ellas. Esta es una revolución de las mujeres con los hombres, no atrás, ni abajo  de ellos. Y eso tendrán que entenderlo.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
  Imagen de Silvia Nuñez Esquer

Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 


Las noticias de CIMAC


Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.- El Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda) registró durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, 63 ataques a personas defensoras ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres.
 
Al presentar su tercer “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DH) ambientales en México”, con el fin de visibilizar el riesgo que corren las personas defensoras ambientales en nuestro país, el Cemda refirió que los tipos de megaproyectos donde más casos de agresiones se identificaron son las obras hidráulicas, y políticas públicas de administración de agua (17 casos), seguidas de los proyectos mineros (10) e hidroeléctricas con 7 casos.
 
De acuerdo con este documento, las agresiones se registraron en 18 entidades, pero destaca Oaxaca, que se mantiene, según la organización, como una de las tres entidades con mayor número de agresiones contra personas defensoras del ambiente; el primer lugar lo ocupan el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca 6 casos y Puebla 5 casos.

Silvia Núñez Esquer*Cimacnoticias | Hermosillo, Son.Sin demérito de la lucha que están dando los hombres agraviados por el gasolinazo en México, el papel decisivo lo han tenido las mujeres en la batalla que se está dando en Sonora por revertir el alza al aumento a las gasolinas. Marchas, protestas y la liberación de casetas de cobro de peaje, han sido protagonizadas por mujeres.
 
Más aún, se han convertido en convocantes, pero no las ven como tales. En cada asamblea ciudadana, en cada mitin, en cada reunión, los hombres, acostumbrados a ser invitados por otros hombres, por dirigentes sindicales o partidistas, en una verticalidad propia del patriarcado, dicen “necesitamos organizarnos y nombrar una cabeza para que alguien nos represente”.
 
La expresión de un habitante del área rural que se acercó los primeros días de resistencia, para empezar a participar activamente, es ilustrativa: “Yo pregunté con quién podía hablar para participar más y ¡fíjese nomás! voy viendo que quien estaba al frente ¡es una mujer!”.

Argentina Casanova* Cimacnoticias | Campeche .- Desde la antigüedad hasta nuestros días, las mujeres libres son casi consideradas como locas por su entorno cuando no corresponden con el “ideal de la docilidad femenina”, pero también son “enloquecidas” aquellas que desde adentro del sistema resisten la violencia y el control ejercida por su contexto familiar y especialmente por sus parejas, con el riesgo latente de vivir una paulatina evasión de la realidad para hacer tolerable su existencia.
 
Sobran historias de mujeres “enloquecidas” por su realidad, pero en gran medida fue su relación con los hombres de su familia y/o lo rígidos modelos sociales de constreñimiento moral lo que las llevó a aislarse de esa realidad.
 
Pero esa violencia casi invisible no ha quedado atrás, sigue latente y cada día va cobrando nuevas víctimas incluso dentro de las feministas y activistas defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres, tildadas de “locas y putas”, entre otras muchas frases que anteceden cualquier comentario acerca de las mujeres que ocupan el espacio público y el de opinión pública.

Redacción Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- En España, de los 221 periódicos que hay, solamente 20 son dirigidos por mujeres y de los 15 más importantes de papel, sólo uno, “La Nueva España” tiene una directora, dijo la decana de la Facultad de Ciencias de la Información, Carmen Pérez de Armiñán.
 
Durante el encuentro “Periodismo por Mujeres”, organizado por estudiantes de cuarto curso de Periodismo miembros del programa La Cueva de Inforadio, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, la asignatura de Género de la Facultad y el colectivo Letras Feministas, Pérez de Armiñán, agregó que eso es así a pesar de que los estudios de comunicación cada vez cuentan con más mujeres matriculadas.
 
De acuerdo con datos de la decana, hoy en día más del 60 por ciento de la matrícula son mujeres, un crecimiento exponencial desde la primera promoción del año 1971 donde se ubicó en 28 por ciento.

1/17/2017

¿Es la ideología la que hace que el pueblo luche por sus derechos o se comporte como cobarde?



Pedro Echeverría V.
1. Mantener al pueblo trabajador embrutecido es el gran objetivo de los grandes empresarios, de los gobiernos, del clero y toda la clase dominante. El pueblo para ellos, como los esclavos de hace dos mil años y los siervos de hace un milenio, solamente debe producir riquezas y trabajar la mayor cantidad de horas, para crear los productos y mercancías que necesitan para consumir o vender con el objetivo de tener más propiedades, fuerza y poder de dominación. Sin el trabajo del pueblo no tendrían nada que comer o acumular los esclavistas, señores feudales o capitalistas; se morirían de hambre porque nunca han producido y cuya única ocupación ha sido siempre vivir placenteramente junto a su familia.
2. ¿Cómo un puñado de ricos han dominado durante 20 o más siglos a millones de pobres y miserables que obviamente tienen más fuerza?, preguntaría el filósofo Etienne de la Botiee. En primer lugar porque ellos (esa minoría) han tenido las armas, han controlado al ejército, han elaborado leyes y –sobre todo- han contado con la iglesia, la imprenta y, desde hace algunos siglos, con los medios de información. En sus primeros siglos de dominación usaron de manera descarada y brutal la fuerza de la represión y el asesinato; luego pusieron el acento en la ideología que no es otra cosa que el conjunto de ideas que la Iglesia y los medios de información introducen en la cabeza del pueblo para que piense como la burguesía.
3. Así durante cientos de años –podríamos pensar en 700 años- la burguesía y la religión nos han impuesto o decretado su “verdad”, la “verdad única” que deshecha cualquier otro pensamiento que pudiera ser crítico, reflexivo y conflictivo: ¿cómo contradecir la gran verdad tradicional que los seres humanos nacen de un hombre y una mujer que deben forman una familia, que el niño debe tener una iglesia, una creencia, debe ir a la escuela, luego trabajar, enamorar, casarse y luego tener hijos? Así como que el niño debe tener disciplina, no rebelarse, ser muy respetuoso con sus padres y mayores, con la iglesia, los maestros y el patrón. La “verdad” difundida es siempre portarse bien, alejarse de los “malos ejemplos y compañías”.
4. En el siglo XX ya nadie escapa del cine, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, que en el 99 por ciento de los casos están construidos por una ideología, por “la verdad única” que no es otra que la del capitalismo, cuyo motivo fundamental es la acumulación de riquezas en pocas manos. Con esa “verdad” impuesta por el poder (escribió Nietzche), se ha creado una sola forma de vida en la que domina la propiedad, la competencia, el individualismo, el egoísmo, los méritos, la confrontación con los demás humanos, la ley del más fuerte, el dominio de los más poderosos. Son una serie de valores que parecen, los han hecho “naturales”, para oponerse a la colectividad, la solidaridad, al servicio, la justicia, la libertad.
5. Con esa ideología impuesta siglo tras siglo, se ha creado un pensamiento y un espíritu de sumisión. “Tú hijo no te metas en nada, no defiendas a nadie, preocúpate sólo por ti y respeta lo que digan tus mayores”. ¿Cómo entonces pueden formarse seres solidarios, seres cuestionadores y críticos si desde que nacen los niños, luego en la iglesia y la escuela los enseñan a obedecer reglas y a comportarse disciplinadamente y, en cierta manera, cobardemente, frente a la explotación, el saqueo, la agresión? Si no combatimos y rompemos esa violencia represiva y asesina de arriba que se ejerce a través de la ideología y sus medios dejaremos de atacar de frente la peor y maldita violencia de las clases dominantes. (14/I/17)
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