Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas que existe “una clara resistencia” del gobierno del presidente Felipe Calderón por actualizar y publicar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres que obligaría a los médicos a ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y a practicar el aborto a las víctimas de violación.
En el informe que entregaron a los expertos de dicha comisión dijeron que “este inusual retraso en la publicación de la norma” pone en duda la disposición del gobierno mexicano de garantizar esos derechos a las mujeres.
Indicaron que desde hace 200 días debió actualizarse dicha norma, pero la Secretaría de Salud, de manera irregular y sin involucrar a la sociedad civil y a los académicos, como lo marcan los procedimientos, la modificó y pretendió dejar al libre albedrío de los médicos la interrupción legal del embarazo y el suministro de un anticonceptivo de emergencia para las víctimas de violación.
Además, eliminaba la competencia de las entidades federativas en la vigilancia del cumplimiento de la norma, “sobredimensionaba” los riesgos de la anticoncepción de emergencia y ampliaba y anteponía la objeción de conciencia entre el personal médico, en lugar de regularla.
Relataron a la ONU que luego de varias semanas de protestas, la Secretaría de Salud rectificó y el 27 de febrero pasado estableció en dicha norma la obligatoriedad de los servicios de salud para ofrecer dichos servicios, pero hasta la fecha esa norma no está vigente porque no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“Existen elementos para pensar que esto se debe al poder y a la ideología de funcionarios públicos resistentes a reconocer los derechos sexuales y reproductivos y a la gran influencia de la jerarquía católica que está ejerciendo presión para evitar su publicación”, consideraron.
Ayer, el secretario de Salud, José Angel Córdova, aclaró que “administrativamente la Secretaría de Salud ya cumplió conforme a la ley y lo demás ya está en otra cancha”. Dijo que el 6 de marzo enviaron el proyecto de norma “y lo que sigue en adelante le corresponde a la Secretaría de Gobernación”, aunque indicó que no hay límite para su publicación. (Liliana Alcántara y Ruth Rodríguez)
Obstruye gobierno derechos de las mujeres
Denuncian que el sector salud limita acceso a anticonceptivos,
restringe aborto y reduce gasto en planificación familiar
La política poblacional y de salud sexual y reproductiva del gobierno mexicano es conservadora, violatoria de los derechos humanos y contraria a los compromisos internacionales asumidos en la materia porque limita el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos y restringe su derecho al aborto, denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) medio centenar de organizaciones no gubernamentales.
Agregaron que “el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres es obstruido por el Estado mexicano” porque hay una tendencia creciente en los congresos de al menos 10 estados de la República por anteponer el “interés supremo” del “embrión” o del “no nacido” al derecho al aborto.
En un informe que entregaron durante la 42 Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, señalaron, además, que el presupuesto del sector salud destinado para los programas de planificación familiar se redujo entre 2003 y 2007, lo que ha ocasionado que aumente la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, que la tasa de embarazos entre menores de 19 años sea igual que hace 15 años y que aún mueran mujeres por abortos mal practicados.
Destacaron que “ante las reducciones presupuestales en el rubro de planificación familiar, la población demandante de métodos anticonceptivos se encuentra atrapada entre la falta de acceso a ellos y los cambios que, bajo la mirada del conservadurismo, están ocurriendo en las legislaciones en torno del aborto en las entidades”.
El informe fue elaborado por Alternativas Pacíficas, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Coalición por la Salud de las Mujeres, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (Mexfam), Fundar, Red Democracia y Sexualidad y Salud Integral para la Mujer, entre otras.
En el documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, las ONG informaron que en 2003 se destinaron 37 millones de pesos para la planificación familiar, mientras que en 2007 ese presupuesto fue de 29 millones, lo que significa una reducción de 8 millones.
Argumentaron que por ese motivo aumentó la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en varios estados, pues en 1997, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 26.7% de las mujeres de entre 15 y 19 años no tenía acceso a ellos y en 2006 esa cifra aumentó a 48.2%.
Además de la poca disposición de los métodos de anticoncepción de emergencia, las organizaciones civiles denunciaron que entre los médicos del sector salud hay desconocimiento de los mismos y desinterés por ofrecer los servicios.
Un estudio hecho por organizaciones civiles en los estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca con usuarias simuladas de los servicios de salud reveló que 90% de los proveedores de servicios no brindó información sobre las distintas opciones de métodos anticonceptivos.
Indicaron que en la actualidad, del total de mujeres jóvenes embarazadas, 40.9% lo experimentó antes de los 19 años “tal como ocurría hace 15 años”.
Destacaron que de acuerdo con cifras oficiales, entre 1990 y 2004 hubo mil 444 muertes de mujeres por abortos mal practicados y 13% de ellas eran adolescentes.
Avanza el conservadurismo
El reporte de 83 páginas dice que “el conservadurismo está golpeando fuertemente los derechos sexuales y reproductivos que se habían conquistado para las mujeres en México”.
Señalaron que en 29 estados no se penaliza la interrupción del embarazo y en el Distrito Federal y en Baja California Sur se les exime de la pena, “lo que quiere decir que las mujeres que abortan han dejado de ser delincuentes”.
Sin embargo, algunos congresos locales, por iniciativa de diputados del PAN y del PRI, han introducido modificaciones que anteponen “el interés supremo del no nacido” al derecho al aborto. En Baja California el aborto no se permite ni siquiera en caso de violación.
Informaron que hasta la fecha cinco entidades han hecho modificaciones constitucionales para proteger al embrión: Sonora, Baja California, Morelos, Colima y Puebla. Mientras que en otros cinco estados existen iniciativas en ese mismo sentido: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Veracruz.
En todos ellos, señalaron, se sigue el mismo patrón, pues las reformas legislativas se aprobaron sin consultar a varios sectores de la sociedad.
Indicaron que salvo en el DF, en el resto de las entidades las leyes sobre aborto son restrictivas, pues tratándose de la interrupción legal del embarazo por violación, se condiciona la autorización de ministerios públicos, quienes no cuentan en la mayoría de los casos con procedimientos o estos suelen ser dilatorios, “de tal suerte que ocurre que la mujer consigue la autorización cuando el embarazo tiene más de 3 meses y aumenta el riesgo para la interrupción”.
Al respecto, Pilar Muriedas, directora de Salud Integral para la Mujer, señaló que el gobierno federal ha permitido que la Iglesia intervenga en la formulación de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva “y si nos descuidamos existe el riesgo de retroceder”.
La presidenta de la Comisión de Equidad de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras, coincidió en que en el gobierno federal prevalece una política conservadora y señaló que está investigando el motivo por el cual se redujo la disposición de anticonceptivos en varios estados, a pesar de que la Secretaría de Salud dispone de los recursos para su compra.
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