s, que además de ser pobres abortaron involuntariamente, que además de que el aborto se debió a la miseria propia de la mitad de los mexicanos que viven en México-Guanajuato, que además de vivir en México-Guanajuato son víctimas de su gobierno y de la ineficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que, además de todos los ademáses previos, se incluyen, según testimonios no desmentidos, maltrato del Ministerio Público, de policías ministeriales y de los jueces contra las indígenas y sus familiares, así como abusos de los doctores de la Secretaría de Salud. Todos los ademáses previos condujeron al encarcelamiento, en algunos casos desde hace ocho años, de seis mujeres indígenas, a las cuales se les ha castigado, como ya dije, por haber abortado involuntariamente, a lo cual agrego, en este párrafo interminable, otra serie de circunstancias propias del gobierno guanajuatense, cuyos dislates han hecho de la vileza su bandera, de la mediocridad su modus operandi, de la injusticia su credo, y de la estupidez su única forma de ser. La larga lista de ademases, y la radiografía de algunas circunstancias guanajuatenseses la razón por la cual el gobierno de ese Estado ha ejercido su torpeza y justificado su brutalidad contra las seis mujeres indígenas que actualmente, por si no fuera suficiente la humillación, purgan sentencias de más de 25 años. Esas mujeres, además de no haber pecado, ya que no abortaron voluntariamente, son víctimas, no sólo de la miseria que seguramente fue la razón de los abortos, sino de la ceguera y la mediocridad de los dos últimos gobernadores de Guanajuato, cuyo dogmatismo decimonónico las ha mantenido presas y sin posibilidad de defenderse, ni de ser defendidas. Este párrafo largo, un tanto cantinflesco –lo admito– con sólo cuatro puntos y seguidos intenta reproducir tres situaciones irreproducibles: la imbecilidad del gobierno de Guanajuato, la mediocridad de la CNDH y el mutismo de Felipe Calderón.
Las seis indígenas guanajuatenses no podrán rehacer su vida: llevan años encarceladas, son jóvenes que han sido apartadas de la vida –al menos una entró al penal cuando tenía 18 años–, han sido estigmatizadas, incomunicadas, obligadas a firmar documentos espurios y presionadas para no realizar entrevistas con los medios de comunicación.
Seguramente, además, han sido amenazadas y maltratadas, si no físicamente sí por medio de la palabra o del aislamiento al que han sido sometidas. Habría que entrevistarlas para averiguar cómo han sido tratadas, si no han intentado violarlas, si tienen permitidas las visitas de los familiares, si los sacerdotes que visitan las cárceles las apoyan o las denuestan y que tan frecuente son humilladas.
La criminilización
de las mujeres que interrumpen su embarazo, aunque en este caso las interrupciones fueron, según averiguó La Jornada, involuntarias, es penada en Guanajuato con castigos que oscilan entre 15 y 30 años de cárcel bajo la acusación del delito de homicidio en razón de parentesco
. En la égida panista, factores como violación o enfermedad de la madre no son circunstancias atenuantes. De acuerdo a las normas guanajuatenses, toda mujer que resulte embarazada por violación, sea por un sujeto desalmado o por algún sacerdote compinche del padre Maciel, debe continuar, lo desee o no, su embarazo. El mensaje es claro. En Guanajuato, la ideología del PAN pesa más que la vida de las mujeres indígenas. No sobra recordar que México país firma todas las iniciativas donde la rúbrica sea necesaria, entre ellas la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La situación de las seis mujeres indígenas sorprendió a Kyung-wha Kang, Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tras manifestar su indignación por la situación que se vive en Guanajuato, comentó: Estoy muy enojada, estoy muy indignada por todas estas situaciones que me están planteando de las mujeres; siempre me pregunto ¿por qué, aunque hacemos más por avanzar en los derechos de las mujeres pareciera que no ha funcionado?
La pregunta de la funcionaria encuentra respuesta en la vileza de las autoridades guanajuatenses, en la nulidad de la CNDH y en la connivencia de Felipe Calderón.
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