Alegatos
En la política mexicana contemporánea no hay gobernante que se precie de no tener su propio escándalo de abuso de poder.
No son los únicos, pero los gobernadores hoy son emblemáticos. Muchos
de ellos están ahí, entre la pirotecnia política y el escarnio popular.
Por ejemplo: Rafael Moreno Valle en Puebla; Roberto Borge y su corrupción huracanada en Quintana Roo; el vilipendiado y hoy fugitivo Javier Duarte de Veracruz o, en Sonora, al grito de “el norte también existe”, tenemos a Guillermo Padrés.
Se acabaron los días de la sonrisa socarrona y las respuestas desafiantes.
Al igual que el Duarte veracruzano, sin el blindaje político, Padrés
ahora es acusado por la PGR. La Interpol emitió una ficha roja a más de
190 países para localizarlo.
Pero no es sólo el exgobernador el que está bajo fuego legal, sino la
red que el encabezaba o para la que era funcional. Eso aún no lo
sabemos. Además de este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora
indaga a 652 personas. Según ha informado el fiscal Odracir Espinoza,
200 son ex funcionarios del gobierno de la entidad y 452 particulares
que están vinculados a 180 empresas utilizadas para cometer actos de
corrupción tanto a nivel estatal como municipal.
Hasta ahí, el caso luce como otra fábula contra la impunidad.
Pero Padrés tiene más cuentas que saldar que las que del abuso del erario,
el impúdico capricho de sus caballos a costa del presupuesto o la
simulación de empresas. Padrés tiene un expediente abierto –entre muchas
otras cosas- por la violencia institucional disfrazada de acción legal
que ejerció en contra del pueblo Yaqui.
Al exgobernador de Sonora no le tembló la mano para beneficiarse con
actos fuera de regla. Durante su gestión hizo gala de su disposición a
actuar a su antojo. No le importó pisotear los derechos constitucionales
de sus gobernados.
Pero ¿para que está el Derecho, cuando se tiene el poder político, si no es para usarlo a contentillo? Piense, por ejemplo, en el escándalo sobre la construcción de una presa en uno de los ranchos del exgobernador. El asunto no pasó entonces del escarnio por parte de sus opositores y de haber dejado ojipláticas a algunas personas.
Se trataba en realidad de una salvajada política.
Una imprudencia social teniendo en cuenta lo que desde hace años está en
juego en Sonora: el acceso al agua (sí la misma que Padrés acopiaba en
su rancho sin permiso legal). Pues en un contexto de escases y bajo la
calma chicha de un conflicto histórico, el pueblo Yaqui acudió al Poder
Judicial para impugnar la construcción de una obra (el Acueducto
Independencia).
Los Yaquis desafiaron al gobierno de Padrés, por considerar que esa
construcción afecta su derecho a la disposición del 50% del agua de la
presa La Angostura. El caso llegó a la Corte que les dio la razón en una
histórica resolución que ordena se suspenda la construcción y operación
del acueducto y que se realizara una consulta.
Pero lo podrá haber dicho la Corte, el asunto es que para Padrés no
hubo ni suspensión del acueducto ni diálogo con los opositores. Jamás
mostró disposición a dialogar. Por el contrario, inició una campaña de
odio racial y uso los medios de comunicación para descalificar a los
opositores a su capricho.
Así que de Padrés no hay que olvidar que mareado de poder, sus
acciones desafiaron incluso a la propia Suprema Corte de Justicia de la
Nación y que encarceló a Mario Luna, quien había sido designado por las
autoridades tradicionales del pueblo Yaqui como su vocero.
Hay que recordar y tener fresco que con su historial de
autoritarismo, Padrés nos mostró que si nos quedamos callados,
normalizamos los abusos y lo permitimos como sociedad, cualquier
borracho de poder exhibe la fragilidad del derecho.
Nota: fragmentos de esta columna los publiqué hace más de 2 años. Por considerar que su contenido aún es pertinente decidí reutilizarlos.
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