"La “verdad histórica”
sobre la desaparición de los 43 estudiantes es sólo un cuento del ex
procurador Jesús Murillo Karam. Desde que lo dio a conocer, Fiscal tras
Fiscal repite lo mismo", escribe este lunes Araceli Damián.
Por: @_AraceliDamian
¿Por qué no desea el gobierno de Enrique Peña Nieto encontrar la
verdad sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa? Porque encontrarla significaría un fuerte golpe para su gobierno,
porque encubre la red de corrupción en torno a la producción,
circulación y venta de la heroína; porque para dar a conocer la verdad
se tendría que desenmascarar la participación en estas actividades
delictivas de personajes de alto nivel de los gobiernos locales,
estatales y federal; porque el gobierno tendría que reconocer que
algunos miembros de los cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas, del
más alto rango
y jerarquía, están coludidos con la delincuencia organizada y que,
incluso, saben la ubicación de plantíos de amapola en donde mano de obra
secuestrada y esclavizada es puesta a trabajar hasta su muerte y,
porque el gobierno de Peña tendrían que reconocer que no hacen nada por
detener el traslado de drogas y dinero en camiones de pasajeros y de
carga.
La “verdad histórica” sobre la desaparición de los
43 estudiantes es sólo un cuento del ex procurador Jesús Murillo Karam.
Desde que lo dio a conocer, Fiscal tras Fiscal repite lo mismo, a pesar
de que la propia Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con
abundante evidencia en contra de este cuento infernal del gobierno
federal.
La versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de
Cocula y que sus cenizas fueron tiradas al Río San Juan, se basa en una
única prueba material: un fragmento de hueso que corresponde al ADN de uno de los estudiantes, que supuestamente fue encontrado en dicho Río. La demás “evidencia” se obtuvo, sobre todo, mediante declaraciones realizadas bajo tortura.
Esto fue documentado ampliamente hace dos años, en abril de 2016,
cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el Informe Ayotzinapa II.
Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y
atención a víctimas. Con base en el análisis de 17 casos, el GIEI
concluyó que existía clara evidencia de tortura cometida contra los
principales inculpados. Los expertos se basaron en los propios
expedientes médicos, siendo su conclusión más relevante la siguiente:
El análisis ponderado de todas las declaraciones, evidencias
físicas puestas a disposición y los demás materiales analizados, muestra
a juicio del GIEI, que en todos ellos se incluyen indicios
significativos de malos tratos y torturas, tomando como pruebas los propios informes existentes en el expediente.
Por supuesto, el gobierno negó que se hubiera cometido, de manera generalizada, tortura en contra de los implicados. En aquella ocasión, también el GIEI reveló el video que muestra que Agustín García
Reyes, uno de los acusados, es llevado por el entonces titular de la
Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, sin
la presencia de un abogado defensor y sin la autorización del Ministerio
Público, a las orillas del Río San Juan, lugar donde supuestamente
se encontró el único resto humano que sustenta la “verdad histórica”.
Fue tal la molestia del gobierno por las revelaciones hechas por el
GIEI, que ningún funcionario federal se presentó a la entrega del
Informe.
La semana pasada, a casi dos años de aquel Informe del GIEI, la
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dio a conocer el documento Doble Injusticia.
Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del
caso Ayotzinapa. En éste, la ONU- DH profundiza en la investigación
sobre tortura y refuerza lo señalado por el GIEI.
De nuevo, el gobierno federal niega que la tortura haya sido generalizada en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.
El Informe de la ONU-DH es de nuevo contundente. Se documentan
ampliamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en la
etapa de la investigación (septiembre de 2014 a enero de 2016), con base
en “una exhaustiva revisión de algunos aspectos del expediente judicial
y diligencias del caso, y entrevistas con víctimas de los hechos del 26
y 27 de septiembre de 2014, detenidos, testigos, abogados y autoridades
relevantes.” Resalta que, mientras el GIEI documentó la tortura cometida contra 17 de los 129 detenidos,
el informe señala que, de 63 expedientes revisados, en 51, el 80%, se
obtuvo información que indicaba posibles actos de tortura, pero que la
revisión
sólo se concentró en 34 casos, al existir “fuertes indicios de la
comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de
derechos humanos.” 1 Entre las violaciones a los derechos humanos
señaladas están: la tortura, evidenciada por el aumento en el número de
las lesiones que se reportan en los informes médicos realizados después
de cada etapa del proceso (detención, traslado a la SEIDO, 2
presentación ante el Ministerio Público y toma de declaración de
inculpación); validación por la aceptación, como evidencia, de “declaraciones espontaneas” realizadas al momento de la detención sin la presencia de un defensor; demora, fuera de los tiempos fijados por la Ley,
para la presentación de inculpados ante un juez; traslado de uno de
ellos a la escena del crimen sin abogado y sin la presencia del
Ministerio Público; tolerancia e encubrimiento de los actos de tortura
realizados por personal de la PGR, Policía Federal y Marina, y la
modificación, sin sustento, de las conclusiones de la investigación
interna realizadas por la Visitaduría, en las que se señalaba la
comisión de delitos graves por parte de las autoridades a lo largo del
proceso.
Como bien se dice en el documento, la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa
representa una doble injusticia: contra los procesados, por la comisión
de actos de tortura y violación de sus derecho humanos y, contra las
víctimas, porque se obstruye su derecho a la verdad y a la justicia por
los actos criminales cometidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de
2014. El gobierno de
Peña, tarde o temprano será juzgado por este doble crimen.
1 El Informe no aclara si posteriormente se darán resultados del análisis del resto de los
expedientes de los implicados.
2 Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada.
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